Mendoza - Mendoza Mendoza
miércoles 15 de junio de 2016

Este es el fundamento de la Corte para publicar sus declaraciones juradas

El máximo tribunal ordenó que los magistrados, funcionarios y empleados tienen que hacer una presentación anual.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ordenó, con la adhesión del procurador general de Mendoza, que todos los miembros del máximo tribunal, jueces, fiscales, defensores oficiales, funcionarios y empleados del Poder Judicial deberán presentar con carácter obligatorio, antes del 31 de agosto próximo, una declaración jurada patrimonial, que deberán renovar anualmente y que será publicada a la vista de cualquier ciudadano en el sitio web de la Justicia mendocina.

Lo hizo a través de la Acordada 27.381 del 8 de junio, que llevó la firma del plenario, esto es de los siete ministros de la Corte, integrada por Pedro Llorente (presidente), Alejandro Pérez Hualde, Mario Adaro, Jorge Nanclares, Herman Salvini, Omar Palermo y Julio Gómez, más la firma del fiscal de este cuerpo y procurador general, Rodolfo González.

Así, la Corte mendocina se adelantó al proyecto de ley que se venía cocinando en la Legislatura y dictó su propio reglamento para poner en marcha un registro público de declaraciones juradas al que tenga acceso la ciudadanía.

Para el caso de los agentes del Poder Judicial, es decir los trabajadores que no son ni magistrados ni funcionarios, deberán presentar la declaración jurada aquellos que estén alcanzados por la obligación de pagar Bienes Personales en la AFIP.

En este rango se cuentan a los que poseen bienes valuados por encima de los $305.000 al 31 de diciembre pasado y aquellos trabajadores cuyos ingresos anuales superen los $200.000.

La iniciativa de los supremos surgió en pos de la estándares de transparencia que exigen los tiempos actuales, en virtud de mantener y fortalecer "la independencia judicial" y en sintonía con la Constitución nacional y los tratados internacionales.

La Corte fundamentó en la Acordada que "la Reforma Constitucional de 1994 incorporó tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional que garantizan el acceso a la información como derecho individual y colectivo".

Citó "que desde octubre de 2012 nuestro país es miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto, adhiriendo a la Declaración sobre Gobierno Abierto", lo que exige acciones de transparencia.

Y recalcó que "la lucha contra la corrupción, mediante la promoción de políticas de transparencia, ocupa un lugar cada vez más importante en la agenda de todos los gobiernos, y ello no es ajeno a los Superiores Tribunales de Justicia", como es el caso de esta Corte.

También hizo referencia al camino que ya abrió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Acordada Nº25 del año 2013, en la que dispuso publicar en la web institucional las declaraciones juradas patrimoniales de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.

Una pública y otra reservada
La presentación anual de una declaración jurada ordenada por la Corte mendocina prevé dos anexos a completar.

El Anexo I, que será público y visible en la web institucional del Poder Judicial, y el Anexo II, que será de carácter reservado, bajo la guarda de la Corte y disponible a solicitud de un juez o de quién demuestre interés legítimo.

El Anexo I exige datos personales, bienes muebles e inmuebles y el origen de los fondos con los que se obtuvo el patrimonio.

La del Anexo II es similar a la anterior (algo más detallada), pero exige información sensible, como depósitos, créditos, inversiones bursátiles, informes de deudas, etc. Será la reservada.

No es casual la división dispuesta. Hace pocos días los jueces federales se negaron a presentar sus declaraciones porque sus datos serían publicados.

Sanciones
-Intimación. Los que no cumplan con la presentación de la declaración jurada patrimonial antes del 31 de agosto serán intimados por la Secretaría Administrativa de la Suprema Corte.
-Segunda oportunidad. Una vez intimados, se les otorgará un último plazo de 15 días. Si incumplen, la Corte se reserva las sanciones a tomar. Si quien comete la falta es un juez de la Corte se informará a la Legislatura.
Fuente:

Dejanos tu comentario

Más Leídas