Mendoza - Alfredo Cornejo Alfredo Cornejo
martes 31 de mayo de 2016

El Poder Judicial no es ajeno a la crisis financiera que afecta a Mendoza

La semana pasada hubo una reunión entre el ministro de Hacienda y la Corte por dinero que no se está girando.

El Poder Judicial no es ajeno a la crisis financiera que hoy por hoy afecta a Mendoza. Sin embargo, la gestión de Alfredo Cornejo ha puesto muchas expectativas en mejorar su funcionamiento, a través de los proyectos de ley enviados a la Legislatura que pretenden protocolizar las condiciones de la prisión preventiva, agilizar los tiempos –a través de la colocación de plazos fatales para llevar adelante estos procesos– generar una tendencia hacia la oralización de los procesos y sumar tribunales de flagrancia.

Todos estos cambios precisan de una condición sine qua non: dinero. Y tanto los funcionarios del Ejecutivo como los del Poder Judicial saben que sin fondos no hay proyecto de ley que valga, que los cambios que se pueden hacer son pocos.

Además, el Poder Judicial tiene problemas para que les habiliten partidas presupuestarias necesarias para gestionar. En este sentido, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares explicó a Diario UNO que por el retraso en la habilitación de una partida presupuestaria de $3 millones habían perdido algunos servicios.

Para el Gobierno, el hecho de darle al Poder Judicial la herramienta para que maneje libremente las partidas presupuestarias se puede hacer a través de un mecanismo: la reactivación del proyecto de autarquía judicial, que duerme en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados desde setiembre del 2012.

Por qué fracasó la discusión
El proyecto tal y como está planteado tiene mala recepción en el Poder Judicial. Cuando el ex gobernador Francisco Pérez lo presentó los jueces no lo aceptaron porque lo que proponía era que la Justicia se hiciera cargo de sus gastos –incluidos los sueldos de los jueces y la negociación paritaria con los gremios judiciales– fondeándose con el 7,9 % de los principales impuestos provinciales, coparticipación y tasas de Justicia. Esto significaba que los recursos de la Justicia iban a quedar atados a la recaudación y lo que los magistrados querían era un porcentaje del Presupuesto anual de la provincia. En este punto se empantanó el debate, y nunca más se tocó el tema.

Sin embargo y frente a la presión del Ejecutivo para que la Justicia mejore su rendimiento, este es un tema a revisar.

Responsables de la entrada y de la salida
El ministro de Hacienda Martín Kerchner explicó que se reunieron con los miembros del máximo tribunal de Justicia la semana pasada para dialogar sobre estos temas presupuestarios e intentar encontrar soluciones, sobre todo para llegar a una verdadera autonomía judicial.

Este fue uno de los planteos de Nanclares, que el Ejecutivo les diera la posibilidad de disponer libremente de sus partidas presupuestarias, sin necesidad de pedir autorización cada vez que necesitaran habilitación de fondos.

El punto es que, según manifestó el ministro de Hacienda, "hay que buscar un mecanismo para que la Justicia administre tanto sus recursos como sus gastos, de manera tal que sea responsable de todo el presupuesto, tanto de las entradas como de las salidas de dinero".

En tal sentido, Kerchner mencionó la posibilidad de discutir el proyecto que quedó trunco en el 2012, que por otra parte no es el único. Hubo dos intentos anteriores por regular la autarquía judicial: una ley de autoría del radical Fernando Armanague, que data de 1985 y fue vetada ese mismo año por el gobierno de José Felipe Llaver, y otro proyecto, enviado por el Ejecutivo en 2003, que no llegó a obtener media sanción.

Mientras, desde la Suprema Corte de Justicia aseguran que las necesidades siguen pendientes, sobre todo en cuanto a los costos que demanda la organización de la oralización, el armado de tribunales vespertinos, penales y de flagrancia. Todos estos avances requieren gastos extra y los recursos de la Justicia son los mismos.

Por falta de fondos, la Justicia pierde una importante herramienta
Un retraso en los fondos que el Ejecutivo debe girar al Poder Judicial –se habla de una partida de 3 millones de pesos– tuvo como consecuencia la suspensión de una importante herramienta de consulta.

Se trata del servicio de La Ley Online, un sitio en el que se publica la última jurisprudencia sobre una determinada temática, y que se puede utilizar por suscripción.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Nanclares aseguró que debieron renunciar al servicio porque el Ejecutivo no les habilitó a tiempo una partida de $3 millones. Este y otros temas referidos al manejo de los fondos se trataron en una reunión con el ministro de Hacienda Martín Kerchner.
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