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miércoles 07 de septiembre de 2016

El nuevo procurador de la Corte ordenó que marquen horario los jerárquicos

Firmó una medida en la que obliga a los funcionarios del Ministerio Público a cumplir con todas las horas de trabajo.

Por Alejandro Gamero y Paola Alé

El nuevo procurador de la Suprema Corte de Justicia y jefe de los fiscalías de Mendoza, Alejandro Gullé, entró con todo y no pasa desapercibido.

Este martes por la tarde firmó una resolución en la que ordenó marcar horario de entrada y salida laboral a todos los trabajadores jerárquicos del Ministerio Público Fiscal, que él comanda y que hasta ahora no estaban obligados a hacerlo.

La medida alcanzará, como reza la resolución 402/2016 "a todos los Funcionarios del Ministerio Público Fiscal incluyendo organismos auxiliares, Cuerpo Médico Forense y funcionarios equiparados a magistrados", es decir, que reciben el tratamiento de un fiscal o un juez sin serlo.

La medida no incluye a los propios fiscales, que no son funcionarios sino magistrados y que, como indicó Gullé en el documento que rubricó, "la tarea de los magistrados queda plasmada en los expedientes, en la firma diaria de sus decisiones".

La novedad tendrá alto impacto porque cambiará una vieja costumbre, en la que los únicos que eran obligados a marcar tarjeta (antiguamente) o a poner el dedo en el reloj biométrico (ahora) eran los trabajadores puros y simples.

Ese hábito implicaba que los funcionarios tenían cierta flexibilidad de hecho para manejar el horario de ingreso a la labor diaria, incluso, acordándolo con su superior.

Gullé aduce en los fundamentos de su resolución que la disposición tiene como fin "medir la relación entre la eficacia de producción y el tiempo trabajado", prestación laborar temporal de la que hoy no hay registros.

El procurador argumentó que considera necesario estos cambios y relevamientos de rendimiento laboral "para dar una respuesta a la ciudadanía" e insistió en que lo que se busca es determinar la cantidad "de horas trabajadas y los resultados obtenidos de la gestión judicial".

La impronta de Gullé no se hace notar solo hacia adentro, sino también hacia afuera, ya que sale a recorrer las fiscalías para monitorear en persona el trabajo y las necesidades en la trinchera, posta que en el futuro quedará en manos de los fiscales adjuntos.

Más poder
También se dio un tiempo para reunirse con la vicegorbernadora y titular de la Legislatura, Laura Montero, mientras la Cámara de Diputados trataba la reforma de la ley 8008 del Ministerio Público.

Dicho proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo busca darle mayor autonomía al procurador Gullé.
La idea es desatarle las manos para sancionar a quienes se encuentran bajo su órbita, inclusive a los magistrados que actúan como fiscales –siempre y cuando las faltas no sean pasibles de un Jury de Enjuiciamiento– sin tener que pasar por la Corte. Además, que él mismo pueda elegir a sus colaboradores, diseñar su propio presupuesto y asegurarle una porción de lo que se recauda por tasas de justicia, para que lo destine a proyectos de su área.

El plan fue apenas cuestionado por el FPV y el FIT, y no hubo planteos acerca de la esencia de la idea, por lo que es muy factible que se convierta en ley sin tropiezos.
Un avance
Entre las nuevas disposiciones para el Ministerio Público está la decisión del Ejecutivo de afectar el 3% de lo que se recauda en concepto de tasa de justicia, lo que utilizará para desarrollar proyectos específicos de su funcionamiento.

El subsecretario Marcelo D'Agostino y la directora general de Presupuesto, Paula Allasino, explicaron que es una pequeña suma de dinero, pero se trata de un monto que no puede destinarse a ningún otro fin y además del que el Ministerio Público puede disponer sin pedir autorización a la Suprema Corte.

Se trata del 3% del total de lo que se reúne por trámites del Poder Judicial y equivale a $20 millones, aproximadamente, según calculó la funcionaria.

La suma no es tan significativa como la determinación del Ejecutivo, que representa un guiño para el jefe de los fiscales, si se tiene en cuenta que una de las diferencias antológicas entre la Suprema Corte y el Ministerio Público tiene que ver con el tema presupuestario: quien ha ejercido la tarea de procuración se ha quejado sistemáticamente de que debe pedir autorización al máximo tribunal para realizar cualquier gasto y tomar decisiones que impliquen dinero.

En cuanto al presupuesto general del Poder Judicial, D'Agostino dijo que hasta el momento no hay cambios y que seguiría siendo el 70% para la Suprema Corte y 30%, para el área de Alejandro Gullé.
Hay que destacar que el gran cambio a nivel presupuestario es la posibilidad del Ministerio Público de diseñar su propia pauta de gastos, independientemente de la que arme y decida la Suprema Corte de Justicia, que será otra totalmente distinta.

Consultado acerca de si se podrán implementar tantos cambios con el mismo dinero, el funcionario dijo que se puede, ya que en el Ejecutivo todas las modificaciones y mejoras realizadas han sido a través de reingeniería de personal y recursos, y no incrementando el presupuesto.
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