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lunes 23 de mayo de 2016

El martes el Senado le dará media sanción a la ley de la prisión preventiva

La modificación enviada por el Poder Ejecutivo endurece la concesión de las excarcelaciones.

El martes próximo la Cámara de Senadores de Mendoza dará media sanción a la ley que endurece el régimen de prisiones preventivas y que fue enviado a principios de mes por el gobernador Alfredo Cornejo.

El proyecto salió con despacho favorable y de tratamiento de preferencia de parte de los radicales y algunos peronistas que integran la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que tiene en su manos el análisis de la letra chica. Solo tres justicialistas tendrían reparos parciales y lo van a plantear a la hora de votar el articulado, pero no se opondrían a votarla a favor en general.

Esto implica que el oficialismo, que ya tiene una mayoría cómoda en el Senado, estaría más que sobrado con parte del justicialismo que apoyará el proyecto.

Tanto fuentes de Cambiemos como del PJ dieron por descontado en diálogo con Diario UNO que el proyecto de ley será aprobado y llegará bien sustentado de votos a la Cámara de Diputados.

Allí, sin embargo, deberá esperar porque el miércoles es feriado por la fecha patria del 25 de Mayo así que no entrará en el circuito formal de la Cámara Baja hasta la otra semana.

¿Qué se va a cambiar?
El proyecto de ley viene a cambiar y endurecer el criterio sobre el que se debe habilitar o negar la libertad a un sospechoso que acaba de ser acusado o detenido por la presunta comisión de un delito.
Hasta hace una década, el mecanismo para negar u otorgar la libertad, denominada en los tribunales como excarcelación, se basaba en el monto de la pena del delito por el cual se acusaba al sospechoso.

El criterio era que si la pena mínima de ese delito superaba los tres años de cárcel no tenía derecho a la libertad y debía esperar preso hasta que llegara el juicio.

Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación abolió este criterio mecanicista.

Falló que todo acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario, como dice la Constitución nacional, y que ese derecho no se puede perder así nomás.

No obstante, fijó dos criterios para negar la libertad a un acusado: el primero, que no pueda garantizar el sometimiento al proceso judicial y el segundo, que pueda poner en peligro el éxito de la investigación penal, lo que se conoce como riesgo procesal.

Y les impuso a los fiscales y jueces de Garantías que tendrían que ser ellos quienes deberían probar que había peligro procesal, como requisito para negar la libertad.

Aún así, ambos criterios le daban a un amplio margen discrecional para dar o negar libertades.
Sin embargo, para el Gobierno provincial, lo único que consiguió este mandato fue que la puerta giratoria del delito no parara de girar, esto es, la famosa entrada por salida.

El proyecto del Ejecutivo debilita los dos criterios que impone la Corte nacional.

Por un lado, impone que se negará la libertad si la pena que pueda recibir a futuro el acusado es una condena de cárcel en efectivo. Reactiva así el criterio mecanicista del monto de la pena.

Por otra parte, invierte lo que se conoce como la carga de la prueba. Con la nueva norma, será el acusado el que tenga que probar que no hay peligro procesal si le dan la libertad y no el fiscal o el juez de Garantías.

Como antecedente reciente, vale destacar que la denegación de la libertad por el monto de la pena no impidió en los últimos 30 años que la delincuencia y la inseguridad crecieran exponencialmente.

El proyecto agrega como novedad el concepto de la reiterancia, que lo trae del artículo 22 de la Constitución provincial, en donde se da a entender que se le puede negar la libertad a quien reincida (condenado que vuelve a delinquir) o reitere (imputado no condenado que vuelve a delinquir).

La oralidad y la víctima
Una de las propuestas innovadoras que trae el proyecto es el de la oralidad y la intervención de la víctima.

Impone que el fiscal tendrá 10 días fatales (y hábiles) para pedir la prisión preventiva. Cuando lo haga el juez de Garantía, deberá hacer una audiencia oral para escuchar al fiscal, a la víctima y a la defensa y luego definir la situación del acusado.

La pulseada con la Corte
El proyecto del Gobierno propone aplicar varias de las exigencias que la Corte provincial impuso en un fallo en diciembre y que provocó la ira del Poder Ejecutivo. Aseguran que, sabedor el Gobierno de que ese fallo seguirá vigente, ensayó esta alternativa para neutralizarlo.
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