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domingo 10 de septiembre de 2017

El Gobierno quiere modificar cómo se eligen los jueces

el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley que cambia el proceso de evaluación de los aspirantes a ser jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas de distintos fueros.

Con la intención de modificar quiénes a futuro podrán ser fiscales o jueces y fundamentalmente apuntar a que no todos surjan desde dentro del Poder Judicial y tengan oportunidades los abogados "de la calle" es que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley que cambia el proceso de evaluación de los aspirantes a ser jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas de distintos fueros.

Para poder acceder a esos cargos hay que atravesar una evaluación que hace el Consejo de la Magistratura, un órgano constitucional que se creó en el gobierno de José Octavio Bordón. El proceso de selección comienza en la Comisión Asesora, que es la que se encarga de tomar el examen y calificar a los aspirantes a magistrados.

Lo que surja de ese examen es evaluado por los integrantes del Consejo de la Magistratura, que según la puntuación obtenida selecciona la terna que lidera el ranking, y los nombres llegan al despacho del gobernador.

Si hay una vacante el mandatario elige una opción de los tres propuestos, la envía a la Cámara de Senadores y si hay acuerdo el nominado es nombrado en el Poder Judicial.

Según el Gobierno, hoy el 98% de los jueces salen del Poder Judicial y el 2% son abogados de la calle. "Necesitamos jueces menos academicistas que resuelvan situaciones cotidianas", aseguran.

Un cambio en el Poder Judicial que exige memoria
"Si no se trabaja de mañana y de tarde, el sistema de justicia no va a funcionar. ¿De qué sirve que (los fiscales)trabajemos mañana, tarde y noche si después los otros van a trabajar medio día?".

Así, el jefe de los fiscales de Mendoza, Alejandro Gullé, disparó contra los jueces de garantías y culpó a la Suprema Corte de Justicia por no poner orden con los magistrados y hacerlos trabajar doble turno a fin de evitar que se empantanen las investigaciones penales: "La Corte es la que debe resolver esto y hacerse cargo de lo que le toca", dijo el procurador.

Lo cierto es que la medida tiene como antecedente una acordada de la Corte del 2014. La 26.208 establecía el horario vespertino de jueces de garantías e instrucción, a los de flagrancia, a los de cámaras del crimen y apelaciones, a los de faltas,juzgados y cámaras penales de menores y además indicaba que debían visitar a los presos sin condena cada 3 meses.

En aquel momento la acordada generó molestias y los jueces la calificaron de “ilegal y anticonstitucional”. Uno de los que levantaron la voz contra la medida fue el entonces juez, hoy supremo, José Valerio: “Considero que es un disparate y es no tener en cuenta el colapso del sistema judicial”, apuntó en ese momento a los medios y agregó: “Si la idea es agilizar los procesos, esta acordada no tiene nada que ver con eso”.

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