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domingo 28 de febrero de 2016

El gobierno provincial invierte 1.500 millones de pesos al año en licencias docentes

Son datos del gobierno escolar y se basan en el registro de 500.000 casos otorgados por distintas causas, como enfermedad. Desde el sindicato descreen de las cifras oficiales y recalcan que si hay abusos, es el Estado el que debería controlarlos

El ítem aula, esa novedad que incorporó el gobierno de Alfredo Cornejo en la propuesta de aumento a los docentes (del 22,6%), amparándose en beneficiar a quien está en el curso y favorecer el presentismo, terminó siendo el impedimento para que mañana comiencen las clases en la provincia. Los gremios, estatales y privados, lo rechazan "por discriminatorio y porque vulnera derechos. Con eso pretenden que vayamos enfermos a trabajar", aseguran y fundamentan así el paro y la movilización.

La discusión dirige la lupa al gran ausentismo docente que, según datos de la Dirección General de Escuelas, supone unas 500.000 licencias al año (por distintas causas, como enfermedades, capacitación y razones particulares, por citar algunas), de las cuales el 80% son cortas, de entre 2 y 5 días. El número representa unas 10 licencias por docente, ya que la planta incluye a 55.000 trabajadores.

"Según nuestros análisis el Estado mendocino invierte por año unos $1.500 millones –supone $125 millones mensuales– para pagar esos días no trabajados, es decir, por un servicio que no se presta. No estamos pensando en ahorrar todo ese dinero, porque si fueran días trabajados igualmente el Estado los pagaría, pero en ese caso sí se estaría brindando el servicio educativo, que es lo que nos preocupa", explicó a Diario UNO el director general de Escuelas, Jaime Correas.

Para dimensionar el caudal de dinero que se destina a esas licencias, Correas eligió comparar el monto con lo que cuesta hoy construir una escuela. "Con ese dinero podríamos construir unas 30 escuelas, pero insisto no es que queremos ahorrarlo, queremos que vuelva en servicio educativo", remarcó.

Con esta lógica, el Gobierno definió el ítem aula como un reconocimiento a todo aquel trabajador de la educación que esté involucrado en el hecho aúlico e incluyó allí a docentes y profesores, preceptores, directivos y hasta los que estén en un gabinete psicopedagógico. Después de las primeras críticas del SUTE incorpora la salvedad de que lo perciban quienes atraviesen un embarazo, el período de lactancia o sufran una enfermedad laboral.

A eso adosaron en la última oferta contemplar hasta 3 inasistencias por mes para cada docente –no acumulables– y otorgar un porcentaje proporcional a los suplentes que hagan remplazos cortos que no lleguen a cubrir todos los días laborales del mes.

La propuesta deja fuera del polémico ítem a quienes estén en misiones especiales, cambios de funciones o con una licencia que no sea por enfermedad, por ejemplo, una licencia gremial.

Hasta diciembre pasado en la DGE figuraban 2.800 docentes en misiones especiales, 3.500 en cambios de funciones y 6.000 con licencias anuales –no contempladas por el ítem aula–.

Con esos indicadores, unos 12.300 docentes no habrían estado en condiciones de percibir el ítem aula, pero un decreto del gobernador Alfredo Cornejo de diciembre pasado disminuyó notoriamente este esquema, ya que, por ejemplo, puso fin a la mayoría de las misiones especiales, por lo que oficialmente no hay una estimación de cuántos trabajadores de la educación estarían exceptuados de percibirlo, aunque se insistió en que la mayoría lo recibirá.

"Son números inventados"

Ante las llamativas cifras oficiales de licencias docentes, este medio intentó contrastar esos índices con los registros del SUTE. "Es imposible que haya tamaño registro de licencias porque la DGE no tiene efectores para otorgarlas, son números inventados sin sustento real. En las paritarias, nosotros pedimos que trajeran las cifras y listas de licencias, y nunca lo hicieron. Lo que decimos es que si ellos tienen esos datos de tremendos abusos y no hacen nada por controlarlo o no ponen sanciones, son cómplices", dijo el secretario general del SUTE, Adrián Mateluna.

El sindicalista explicó, además, que no todas las licencias suponen ausentismo. "Por ejemplo, en el caso de que una vicedirectora rinda y asuma como directora de otro colegio. En la escuela que trabajaba se abre un concurso entre los docentes, la Junta Calificadora tabula las carpetas de las aspirantes y se determina quién gana. Esa maestra, por ejemplo, toma una licencia por mayor dedicación y se llama a una suplencia, pero en ese caso el Estado no paga dos sueldos por el mismo cargo, como si se tratara de una enfermedad", recalcó.

Reiterando el rechazo manifiesto de los docentes al ítem aula que se reflejó en el plenario del jueves pasado, los referentes gremiales insistieron: "Es un recorte de la ley 5.811 –del régimen de licencias para docentes–, es un castigo para el docente que se enferma y además es extorsivo".

La misma postura adujeron el pasado viernes los docentes privados nucleados en SADOP y los secundarios representados por la delegación local de la Unión de Docentes Argentinos, quienes formaron un frente gremial y adhirieron al paro y la movilización de mañana a Casa de Gobierno.

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