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jueves 18 de agosto de 2016

El Gobierno prepara una serie de reformas al Código Procesal Civil de Mendoza

Igual que lo pretendido con el Código Procesal Penal, el Ejecutivo quiere darle más oralidad a los procesos para reducir los tiempos judiciales. Este miércoles, la cámara de Diputados dio media sanción a los cambios en el CPP

Dejar como impronta la seguridad y la celeridad en los procesos judiciales. En el Gobierno de Mendoza, esta parece ser la premisa. Este miércoles, la cámara de Diputados aprobó la reforma en el Código Procesal Penal y en el Ejecutivo ya preparan un proyecto similar pero que tenga que ver con el Código Procesal Civil.

"Queremos dejar la impronta de la celeridad de la Justicia, esa va de mano con la oralidad. El civil lleva 60 años de vigencia pero es un Código escrito y por eso estamos trabajando para incorporar mayor oralidad a los procesos civiles que hoy no existen", señaló el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino.

La idea que hay en el Ejecutivo es aprovechar la reforma del Código Civil que se hizo en el 2015 y proponer reformas, aprovechando que el Código mendocino se debe adaptar al nacional.

"Con la reforma del Código Civil del 2015, se incorporaron nuevos institutos y el Código Procesal Civil se debe adaptar a estos. Aprovechando eso, le vamos a incorporar tecnología (notificaciones, expediente electrónico) y oralidad. Para ellos estamos trabajando en una comisión redactora con un representante de la Corte, otro de los catedráticos, del colegio de abogados y de la asociación de magistrados", explicó el funcionario, que también forma parte de esa comisión.

Al mismo tiempo, se organizaron subcomisiones conformadas por especiales en áreas de familia, reales y otras ramas del derecho. "Vamos a hacer una modificación muy grande para darle mayor celeridad a los procesos y que no haya juicios que duren diez años", insistió D´Agostino.

Según explicó el funcionario y enlace entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, las subcomisiones ya terminaron su trabajo y solamente falta ensamblarlo, por lo que cree que a fin de año se podrá hacer la presentación del nuevo Código Civil y Comercial de la Provincia.

D´Agostino también confirmó que se está trabajando en un Código de Procedimiento de Familia entre el Poder Ejecutivo, la Vicegobernación y la ex Suprema, Aída Kemelmajer de Carlucci, que podría ser presentado en septiembre.

De la misma manera, también se buscará acelerar los procesos administrativos para que estos lleguen más rápido a la Justicia.

Media sanción

Este miércoles, el oficialismo logró que se le diera media sanción a la reforma del Código Procesal Penal propuesta desde el Ejecutivo.

"En el proceso penal tenemos dos grandes etapas: la investigación preparatoria, donde el fiscal reúne todas las pruebas, eleva o sobresee y la segunda etapa que es la de debate oral", explicó D´Agostino, y agrega, "con este proyecto estamos tendiendo a acelerar el proceso dándole oralidad a las audiencias. Hay muchos actos procesales a los que estamos dando las características de audiencias orales, por ejemplo, la posición de elevación a juicio, la audiencia de prisión preventiva, las nulidades, etc.", afirma.

En cada uno de estos procesos, el fiscal tiene que estar presente y es allí donde aparece una de las partes más importantes de la reforma, ya que, en caso de que esta sea aprobada, los fiscales podrán delegar actos procesales en sus ayudantes, principalmente para los casos correccionales o de delitos menores, que son el 63 por ciento de los hechos, explica el subsecretario de Justicia.

Otro de los puntos, también tendientes a acortar los tiempos judiciales tiene que ver con la implementación de notificaciones electrónica y la prohibición de movimiento de expedientes para vistas o notificaciones.

"Hoy en día, cuando hay que notificar al fiscal o a la defensora oficial, se hace con el traslado de expediente. Pasa una semana para una notificación simple", aseveró D´Agostino, y señaló que al pasar a ser electrónica, automáticamente se reducen en varios días los tiempos de la Justicia.

Un punto clave también en la reforma tiene que ver con el papel de los abogados querellantes, es decir, aquellos que representan a la víctima.

Esta figura se incorporó con la Ley 6.730 y permitía que un abogado particular participara del proceso solamente desde el momento en que exista un imputado. Con la reforma, el querellante podrá incorporarse desde el momento en que se inicia la investigación y hasta que esta culmine. La razón: "A veces los querellantes pueden aportar pruebas importantes al proceso y antes no podían hacerlo si no habían imputados", manifestó D´Agostino.

"Otro elemento que se incorpora, para evitar la suspensión de las audiencias, es que los imputados puedan tener más de dos abogados, sin límite, pero que en cada acto procesal, simultáneamente, no podrán actuar más de dos. Esto fue una petición del Colegio de Abogados", señaló el funcionario y remarcó que todos estos cambios "serían satélites para lo fundamental del proyecto que son las audiencias orales".

"Es muy importante la colaboración de los jueces y fiscales, si logramos la colaboración d ellos, vamos a acelerar el proceso. Es muy importante que la Justicia nos acompañe, que lo están haciendo y necesitamos que sigan comprometidos. Entre el Ejecutivo y el Poder judicial, trabajando juntos, podemos combatir la inseguridad", explicó el subsecretario de Justicia.

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