Mendoza - Alfredo Cornejo Alfredo Cornejo
lunes 13 de junio de 2016

El Gobierno de Mendoza encara un plan para jubilar a 9 mil agentes públicos

Cornejo prevé aplicarlo durante todo el mandato, a través de una ley que involucre a trabajadores que cumplan con los requisitos previsionales. Este año se retirarían unos 2.700.

Para cuando Alfredo Cornejo termine su gestión en 2019 como gobernador de Mendoza, la planta de personal de los empleados públicos mendocinos se habrá reducido en casi el 9%.

Es que del total 100.000 empleados, según un censo realizado en 2015, quiere jubilar a casi 9.000.

Hay, en la actualidad, 2.700 en condiciones de iniciar los trámites jubilatorios. Por otra parte, y según proyecciones oficiales, cada año podrían alcanzar la jubilación unos 2.000 estatales. Por esto, en los cuatro años de gobierno del radical, serían entre 8.700 y 9.000 los empleados que pasarían a retiro.

Lo explicó el jefe de bloque de Senadores, Alejandro Molero, quien adelantó que esta semana comenzará a discutirse en la Cámara Alta.

La iniciativa les da un plazo de 6 meses a quienes hayan alcanzado la edad tope y cuenten con los aportes necesarios para retirarse. Para esto, el Gobierno provincial acordó con la ANSES, entidad desde la que se comprometieron a priorizar el asunto y terminar los papeles en un lapso no superior a tres meses.

Una vieja ley
El proyecto de apurar los trámites de quienes se encuentren en el último período de su etapa laboral no es nuevo.

Es más: forma parte de la Ley de Reforma del Estado, la 6.921, aprobada en agosto del 2001.

Así lo manifestó el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff. "Esta ley la elaboramos durante el gobierno de Roberto Iglesias, siendo yo ministro de Gobierno", sostuvo el legislador.

Apuntaba a organizar administrativamente al Estado, acelerando las jubilaciones, entre otros aspectos. Pero también a achicar algunas estructuras monstruosas, en las que se gasta demasiado dinero que podría utilizarse con otros fines.

A modo de ejemplo, Jaliff mencionó que con esta ley se redujo la cantidad de concejales, ya que la Constitución local propone 10 integrantes para los Concejos Deliberantes, y en ese momento había entre 16 y 18. Se decidió bajar a 10 y 12 los escaños en los parlamentos municipales y así se concretó.

Cómo se hará
"Con este proyecto, lo único que se reforma es el artículo 32, que en ese momento daba plazo de un año para terminar los trámites jubilatorios. En ese entonces, ANSES demoraba mucho más los procesos. Por eso hoy se busca acortar el plazo a 6 meses", manifestó Jaliff.

El método Cornejo
La decisión de reducir la cantidad de empleados apurando el pase a retiro de los que cuenten con los requisitos para hacerlo, es una método que ya fue utilizado por Alfredo Cornejo cuando comenzó su función como intendente de Godoy Cruz.

Cuando asumió esa tarea, en 2007, la planta de personal de ese departamento era cercana a los 2.000 trabajadores.

Y cuando dejó de ser intendente, tras ganar las elecciones para gobernar Mendoza, la cantidad de estatales en Godoy Cruz apenas superaba los 1.400.

Este es el modelo que quiere replicar en la administración pública provincial. Además, una fuente extraoficial aseguró que es una manera de seguir reduciendo el presupuesto que el Estado gasta en salarios, sin tener que pagar los altos costos políticos de continuar reduciendo puestos de trabajo.

De todas maneras, esta decisión también conlleva un compromiso interno del Gobierno: no nombrar más personal en años venideros.

El proyecto logró buena recepción en el principal bloque de la oposición
Si bien aún no se ha discutido en el ámbito de la Cámara Alta, el proyecto no tendría demasiados inconvenientes en ser aprobado por la oposición, al menos por el Frente para la Victoria, el principal partido opositor.

Esto, porque ya hay una ley que avala que las jubilaciones de los empleados del Estado se realicen en tiempo y forma, pero se viene cumpliendo parcialmente.

El único cambio es que se reducen los tiempos para que la jubilación se haga efectiva, ya que la Ley 6.921 apunta a dar plazos de 12 meses para concluir los trámites, y esta nueva iniciativa determina que se realicen en un lapso no superior a 6 meses.
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