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lunes 23 de mayo de 2016

El 1 de junio se votará el pedido de juicio político contra el procurador

Rodolfo González ya pasó por una situación similar el año pasado, denunciado de ordenar a sus fiscales ir a contramano sobre las disposiciones de protección en los casos de violencia de género.

El miércoles 1 de junio, el procurador general de Mendoza, jefe de todos los fiscales y fiscal de la Suprema Corte local, Rodolfo González, enfrentará en la Cámara de Diputados un nuevo pedido de juicio político en su contra en el que se reclama su destitución del cargo.

González ya pasó por una situación similar el año pasado, denunciado de ordenar a sus fiscales ir a contramano sobre las disposiciones de protección en los casos de violencia de género, pero Diputados rechazó aquella denuncia y fue archivada.

Esta vez, la presentación la hizo la jueza de Familia, María Lizán, quien pasó casi cuatro años suspendida, sospechada de un supuesto tráfico y comercialización de adopciones en el Valle de Uco, que la Justicia Penal consideró inexistente, sobreseyéndola junto con otras dos juezas en 2013.

Pero el Jury de Enjuiciamiento archivó hace apenas dos semanas el pedido de destitución contra Lizán.

Esto es porque el procurador ordenó sendas revisiones del fallo penal a los tribunales superiores perdiendo en todos los intentos y porque en la reunión previa a que el Jury definiera archivar la destitución, insistió en llevarla a juicio. Lizán denuncia ser víctima de una persecución.

Para los legisladores del PJ el planteo contra González, que siempre estuvo vinculado al peronismo, genera un problema político

La destitución necesita dos tercios de los votos del Senado, es decir, los de la UCR y los del PJ. Pero un nuevo procurador se nombra solo con mayoría simple. El PJ se arriesgaría a que un radical se quede con ese puesto.

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