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jueves 01 de diciembre de 2016

Crearon el 8º tribunal de sentencia y 27 jueces resolverán apelaciones

Por ley, el Gobierno de Mendoza impulsa que las cámaras penales sean más ágiles y hagan más debates. Los planteos previos serán competencia de todos los camaristas.

"Queremos darles mayor celeridad a los procesos judiciales, por eso queremos descomprimir el trabajo de las siete cámaras del crimen, que hoy están colapsadas", manifestó el diputado oficialista Jorge Albarracín.

Fue durante la defensa del proyecto que venía con media sanción del Senado acerca de la disolución de la Cámara de Apelaciones y la conversión de la misma en la Octava Cámara del Crimen, que se convirtió en ley en Mendoza.

Además, según Albarracín, desde que se decidió la implementación del Código Procesal Penal en toda Mendoza también se intentó unificar criterios, puesto que no debería funcionar una Cámara de Apelaciones sólo en la Primera Circunscripción Judicial y no en las otras tres.

Sin embargo, estos son los argumentos políticamente correctos. Fuera de micrófono, cuentan que es una muestra más de la interna entre el gobernador Cornejo y la Justicia "demasiado garantista" de la que él tanto reniega.

Argumentos y críticas
La idea que defendieron los radicales en el recinto es que mientras hoy en la instancia de apelaciones trabaja sólo la cámara especializada, a partir de la promulgación de la ley las resolverán las ocho cámaras, más la Cámara Penal de Menores. Entonces, serán 27 las personas dedicadas a dar respuesta a las apelaciones y no como sucede ahora.

"No podríamos de ningún modo habilitar una cámara de apelaciones en cada circunscripción, sería más costoso que poner en marcha el CPP en toda Mendoza", explicó Albarracín. Y argumentó que si el fiscal que ha llevado adelante toda la causa también se encarga de la apelación, agilizará el procedimiento en la etapa de la instrucción.

La diputada peronista Carina Segovia respondió que su partido descree de estos fundamentos. "No estamos convencidos de que estos cambios vayan a acelerar las decisiones de la Justicia. Con la existencia de la Cámara de Apelaciones lo que se había logrado era la unificación de jurisprudencia. No habrá unidad de criterios, sino que por el contrario existirán 27 criterios distintos para resolver esta instancia".

Luego explicó que a pesar de estas diferencias, votarían a favor del proyecto, "porque no se puede estar en contra de la política de seguridad de un gobernador", explicación que es corriente entre los peronistas en las últimas votaciones legislativas.

La interna
Detrás de estos argumentos formales para disolver la Cámara de Apelaciones se erige la interna entre el Gobierno y la Justicia "garantista" (asociada al kirchnerismo) que Cornejo quiere combatir. Una de las acciones que se buscaban concretar era la de disolver esta cámara porque en la jerga judicial la describen como "una cámara sacapresos". El gobernador fue asesorado por los miembros del Instituto de Altos Estudios –dirigido por José Valerio, séptimo juez de la Corte desde este jueves– y del que forman parte Gianni Venier y Alejandro Gullé, que armaron el plan.

La comidilla política advierte de que la eliminación de la Cámara de Apelaciones, obedece a la estrategia del Gobierno de poner fin a la conducta "de los jueces sacapresos", que el Ejecutivo emparenta con el kirchnerismo.


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