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jueves 23 de junio de 2016

Corrupción policial en Mendoza: la tropa denunció a los comisarios

Así trascendió desde la Inspección General de Seguridad tras la suspensión de tres jefes policiales por el manejo irregular de servicios extraordinarios. Los uniformados revelaron que debían hacerlos y que no se los pagaban.

Fue la propia tropa policial, que era enviada a realizar servicios extraordinarios en horario de trabajo para la fuerza, la que denunció en la Inspección General de Seguridad a los tres jefes policiales de Mendoza suspendidos en sus cargos el lunes pasado y que ya son investigados por la justicia Penal.

Se trata de los comisarios generales Gustavo Walter Garis Lo Duca, Víctor Daniel Loyola González y Edgardo Mestre Medina, a quien se agregó Darío Orlando Irrutia, pero por otra causa relacionada con la certificación de un título apócrifo de un supuesto profesional informático.

Sin embargo, rumores bien fundados indican que estos jefes serían sólo los primeros, como indicaron a Diario UNO este miércoles altas fuentes.

En breve, una quincena de uniformados se sumaría al primer lote de suspendidos por otras irregularidades relacionadas con el desmanejo del combustible y los repuestos.

La bronca de los uniformados empezó a llegar en cantidad en febrero, a la IGS y el malestar se resumió con mucha simpleza: "Los comisarios los mandaban a hacer servicios extras y no se los pagaban", señalaron desde la investigación.

Los hombres de la fuerza llegaron dispuestos a denunciar y lo hicieron: "Nos hacían hacer 30 servicios por mes y nos pagaban 5", fue el comentario más común apuntando a los comisarios generales, que eran los que coordinaban la prestación.

Cuando la Inspección se puso a verificar si las denuncias tenían asidero "hallamos planillas de servicios acreditando lo denunciado y dimos, para nuestra sorpresa, con que esos servicios no hicieron el circuito de liquidación normal", confió una alta fuente a Diario UNO.

Las denuncias de la tropa en la IGS más lo que fueron encontrando luego les hizo ver que podían estar "ante algo grande, muchos millones mensuales que se cobraban por fuera del sistema y no sabemos a dónde fueron a parar", amplió la fuente.

Para entender la magnitud de lo que se investiga, el titular de la IGS, el abogado radical Marcelo Puertas, había dicho el martes pasado, cuando separaron a los jefes policiales: "Creemos que los comisarios recaudaban al menos unos $10 millones mensuales que no pasaban por el circuito administrativo y bancario de los servicios extraordinarios".

La estimación es conservadora porque en off de récord, en la IGS sostienen que esa suma podría llegar a los $30 millones por mes.

Hace algunos años, para evitar abusos en la fuerza, el gobierno provincial tomó la responsabilidad de recaudar y liquidar los servicios extraordinarios a través de su estructura administrativa, prestaciones de seguridad que la policía históricamente daba en sus días francos, a privados, organismos estatales, espectáculos deportivos y culturales.

Para ello, se dispuso que los comisarios a cargo le enviaban personal policial de franco y quien contrataba el servicio, oportunamente depositaba el costo de la prestación en una cuenta del Ministerio de Seguridad en el Banco Nación.

Los jefes policiales, por su parte, elevaban al Ministerio las planillas con los servicios realizados por cada policía y Seguridad, con el depósito y esa información, liquidaba por el bono de sueldo.

Los casos que se investigan rompen todas esos requisitos según la IGS: los comisarios generales habrían enviado personal que no estaba de franco, sino en horario de trabajo, el costo de los servicios nunca se depositó en la cuenta del banco y a los policías jamás se los pagaron.

La investigación judicial
En la fiscalía de Capital, Susana Muscianisi recibió ayer la presentación enviada por la IGS contra los tres comisarios generales.

La denuncia describe los hechos descubiertos alertando, que entienden que están ante la comisión de posible delitos sin especificar cuáles.

No obstante, la magistrada se asegurará primero si tiene intervención territorial, esto es, si le corresponde investigar a ella o a otra fiscalía cuestiones que se definen normalmente por las fechas de los hechos y las zonas geográficas donde se habrían cometido.

Resuelta esta cuestión de procedimiento, evaluará si se queda con la causa o se la envía a la Fiscalía Especial, donde se investigan los casos mediáticos y de alta repercusión pública y política. Todo indica que hacia allí viajarán los expedientes para que actúen los especiales.

Los entendidos de tribunales aseguran que como han sido descriptos los hechos, se estaría ante un caso de fraude a la administración pública, delito que se paga hasta con 6 años de cárcel, pero que en algunos casos la condena tiene penas de prisión en suspenso.

El viejo tema de los extraordinarios
Los servicios extraordinarios son tan viejos como la policía y han sido históricamente una rueda de auxilio y solución para los sucesivos gobiernos a la hora de reforzar los sueldos de la policía mendocina.

Impedida Mendoza de pagar salarios más altos, siempre habilitó a los miembros de la fuerza a prestar servicios de seguridad privados en días francos para subir sus ingresos.

Históricamente, los manejaron los comisarios y siempre hubo denuncias de un mal reparto. Ni el Estado y su tarea de gestionarlos parecen haber evitado una prestación paralela.
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