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miércoles 22 de junio de 2016

Corrupción en la Policía de Mendoza: cómo se realizó la investigación

Sumariaron a 4 comisarios generales, acusados, entre otras cosas, de llevar adelante un millonario negocio por servicios extraordinarios ilegales.

Inédito. Así se puede calificar el pase a pasiva de cuatro comisarios generales de la Policía de Mendoza, por haberse encontrado pruebas de irregularidades en sus funciones. El director de la Inspección General de Seguridad, Marcelo Puertas, aseguró que en los 17 años de existencia de la institución que preside, nunca se apuntó a investigar la corrupción de la cúpula policial, mucho menos se logró una sanción efectiva.

Por ahora, son cuatro los policías sumariados: Darío Orlando Irrutia, Gustavo Walter Garis Lo Duca, Victor Daniel Loyola González y Edgardo Mestre Medina. Sin embargo, Puertas aseguró que esta es una investigación "superficial" y que están bajo la lupa algunos más. Aunque no precisó cuántos, hay que recordar que en el momento en el que asumió Alfredo Cornejo la gobernación de la provincia, se decidió el pase a disponibilidad de ocho comisarios generales, del sector ciurquista de la Policía.

De qué se los acusa
Mientras a Irrutia se lo acusa de haber avalado los trabajos de un supuesto ingeniero en Sistemas que no era tal, certificando su título "trucho" como legítimo y a Garis Lo Duca se lo señala porque su arma reglamentaria se encontró en manos de delincuentes, a este último, a Loyola González y a Mestre Medina se los investiga por haber permitido que su personal a cargo realizara servicios extraordinarios no oficiales, con lo que se habría generado una empresa tremendamente rentable: al menos $10 millones por mes.

Lo perjudicial para el Estado, no es la suma de dinero que se dejó de percibir, sino que esos policías a cargo de los comisarios –unos 120– hacían estas "tareas extras" en horarios de trabajo. Es decir que en lugar de estar de guardia en una comisaría, se encontraban custodiando la seguridad privada de alguna empresa, recital, festival o partido de fútbol. Eso sí: alguien daba el presente por ellos.

Suena muy difícil de creer, entonces, que sus jefes no estuvieran advertidos de lo que estaba sucediendo y, más aún, que no participaran en los bienes gananciales de esta especie de pyme en el interior de la Policía.

Cómo se realizó la investigación
Puertas explicó que luego del pase a disponibilidad de los comisarios (que significa que los sospechados son separados de su cargo, pero siguen cobrando el sueldo) realizado en diciembre de 2015 y después de cambiar el mando de la IGS, se inició la investigación. Fue en febrero de 2016.

A la institución que él preside se les acercó el material probatorio recabado, los testigos que aseguraban de que los policías que figuraban como presentes en realidad no lo estaban y una vez que se pudo recabar la información suficiente, se subió el siguiente escalón: denunciarlos penalmente, para que la Justicia investigue y pasarlos a pasiva. Esto significa que, además de estar apartados de su cargo, cobran la mitad del sueldo.

En el caso de los comisarios generales, cuyo salario supera los $30.000, a partir de ahora cobrarían alrededor de $15.000.

En cuanto a cómo continúa el procedimiento, el director de la IGS manifestó que en lo legal, es la Justicia la que debe decidir si les coloca una condena firme por los hechos. En lo administrativo, se puede disponer la cesantía –no pueden ejercer cargos públicos de ninguna índole por cinco años, y si son encontrados culpables por la Justicia y pesa sobre ellos una condena firme, se los exonerará. Esto significa que no pueden ejercer ningún cargo público de por vida.

"En 17 años que han transcurrido desde la creación de la Inspección General de Seguridad, nunca se apuntó a la cúpula policial. Siempre se castigó a las bases. Y la policía es una institución piramidal, si no hay una consecuencia para un mal comportamiento de un jefe, los que se encuentran más abajo creen que pueden seguir cometiendo este tipo de hechos impunemente", sostuvo el funcionario.

Para finalizar, Puertas agregó: "Esta ha sido una investigación superficial. No es que seamos unos héroes, es que antes no hubo voluntad de llevarla adelante".

10 millones de ganancias mensuales. Se habla de esta ganancia por el negocio de los servicios extraordinarios extraoficiales permitidos por los cuatro comisarios sospechados de esta actividad ilegal.
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