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domingo 10 de julio de 2016

Cornejo pondrá un procurador que le responda como otro ministro de Seguridad

El Gobierno desembarcará en la Justicia nominando a un funcionario que le ponga bajo control a los fiscales y le asegure la ejecución de su política criminal-judicial

El remplazo del procurador de la Suprema Corte y jefe de todos los fiscales no será un simple cambio de nombres, tras la dimisión de Rodolfo González, luego de 24 años en el cargo.

El gobernador Alfredo Cornejo no piensa desaprovechar la oportunidad que se le presenta: su gestión se prepara para desembarcar –literalmente– en las playas de la mismísima Justicia e incursionar con paso soberano en sus tierras.

El jueves, Cornejo dio alguna pista al señalar que el elegido "no tiene que venir ni de la política ni de la Justicia", buscando así eliminar la presión de ambos frentes y anticipando que su decisión será personalísima.

Por lo tanto, sin conocerse aún al sucesor de González, todo hace presumir que será un hombre del riñón de Cornejo, alguien de trato directo con el gobernador, que sin perder autonomía, estará a disposición, tal cual lo indicaron a Diario UNO fuentes del Barrio Cívico.

Un procurador que funcione como un segundo ministro de Seguridad, el del frente judicial contra el delito.

Un procurador que atienda los reclamos del Ejecutivo y reordene las fiscalías en torno a las necesidades de la política actual contra el crimen y no que ponga los esfuerzos solo a demanda de la cotidianeidad.

El general
Como el Ministerio Público Fiscal es parte del Poder Judicial y no del Ejecutivo, Cornejo no podrá echar mano directa a la tropa de los fiscales, como si fuera su gabinete.

En cambio, sí podrá nombrar al procurador (se lo permite la Constitución), es decir, al general de este batallón de fiscales, que tiene por tarea, la lucha contra el delito, esclareciendo crímenes, atrapando a los culpables y dando justicia a las víctimas.

En Casa de Gobierno afirman, sin sonrojarse: "El procurador será como un segundo ministro de Seguridad".

En tribunales, tal aseveración sería tildada de herejía pero es ni más ni menos –aseguran– lo que piensa el mandatario.

La reforma judicial en 2006 le quitó la potestad de investigar a los jueces de instrucción –a quienes convirtió en árbitros– y se la dio plenamente a los fiscales. El cargo del procurador, del jefe, pasó a ostentar un poder sin precedentes.

Las dos patas de la política de seguridad se asentaron desde entonces en la prevención del delito, en manos de la policía, y la persecución y sanción a los delincuentes, en poder de las fiscalías; con la obvia limitación (base de todo proceso justo) de no tener la última palabra, ya que fueron y son los jueces quienes conservan la facultad de sentenciar "culpable o inocente".

Los gobernadores, que ya se quejaban de la eficiencia judicial contra el delito antes de la reforma, lo hicieron con más fuerza después de ella, pero siempre desde afuera, como resignados testigos, tratando de que el procurador González y la Corte los escucharan.

Como contrapartida, las grandes ideas de los mandatarios para darles herramientas a los fiscales, se quedaban en promesas de fondos públicos que nunca llegaban para costear los necesarios cambios.
La oportunidad
Este es el inédito escenario que Cornejo podría evitar. Pondrá al procurador de la Corte y tendrá con él, línea telefónica directa, algo bastante inusual hasta ahora.

Como será un hombre "del riñón", no pondrá reparos a todos los cambios que el mandatario quiere poner en marcha en el Ministerio Público y que, cabe destacar, son los que se vienen proponiendo hace 15 años con mucha pompa, pero con poca voluntad política por falta de fondos o por la pesada inercia judicial.

Por eso, el gobernador tiene previsto enviar un ambicioso paquete de leyes para modernizar el Ministerio Público, oralizar la etapa investigativa con el fin de agilizar los tiempos de la investigación, digitalizar el proceso para no depender más solamente del bendito y sagrado expediente de papel.

La oportunidad que se le presenta a Cornejo es única y no se repetirá para el próximo mandatario, que cuando suceda al actual, no tendrá "un procurador del riñón" y por lo tanto, deberá establecer relaciones bilaterales, como lo fue para los antecesores de Cornejo hasta la salida de González.
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