Mendoza - Alfredo Cornejo Alfredo Cornejo
sábado 05 de agosto de 2017

Código Procesal Penal: su unificación será en octubre

Desde ese mes se aplicará en el Valle de Uco, que es ahora el único en el que aún no funciona el sistema acusatorio.

Finalmente, en menos de dos meses Mendoza podrá decir que en la totalidad de su territorio rige el nuevo Código Procesal Penal –ley 6.730–, que fue sancionado hace 18 años pero que no se aplicaba ni en la Segunda ni en la Cuarta Circunscripción. Es que a partir del 1 de octubre, y luego de su reciente aplicación en el Sur, se cumplirá también en el Valle de Uco. Para ello, ultiman detalles en la reestructuración del sistema, que permitirá mayor agilidad y eficiencia en los procedimientos.

"Estamos trabajando en la puesta en condiciones de toda la estructura ya que muchos no seguirán cumpliendo las mismas funciones. Se trata de una reingeniería en la que se evitó tener que crear muchos cargos, sino la mínima cantidad. Sólo una fiscalía y dos defensorías", afirmó el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, considerando que la falta de recursos había sido hasta entonces el motivo por el cual se justificaba que no se había podido aplicar aún en esa región y en los tres departamentos sureños de Mendoza.

Entre otros cambios, ahora el juez de instrucción pasará a ser juez de garantías, y dejará de ser el encargado también de la investigación, labores propias de un sistema inquisitivo, para pasar a uno acusatorio. En este, el fiscal es el encargado de la investigación, existe un defensor y el juez de garantías sólo se limita a que el proceso sea acorde a la ley. Además, habrá tres fiscalías (hoy sólo hay dos, que son multifueros) y dos defensorías penales.

"Había una suerte de esquizofrenia funcional. El juez investigaba y también decidía", detalló el funcionario, comentando que sólo en 2015 hubo unas 14.500 causas, de todo tipo, en el Valle de Uco.

"Además, ahora van a funcionar las comisarías como si fueran oficinas fiscales en donde la gente va a poder hacer denuncias como antes, pero la Justicia tiene intervención desde un principio", agregó D'Agostino con respecto a una de las principales incorporaciones que atañe a este sistema, que es la de sumar 15 ayudantes fiscales para que estén distribuidos en las 6 comisarías valletanas.

Los postulantes, que debían ser preferentemente del Valle de Uco, ya rindieron exámenes y ahora, dijeron, se está evaluando cuántos se destinarán a cada dependencia, lo que se mide de acuerdo con las estadísticas de delitos de cada zona.

"La ventaja es que no se crean oficinas fiscales, lo que implicaría generar una superestructura que demandaría ayudantes fiscales, secretarios, empleados, choferes. Sólo estará el ayudante fiscal, que junto con la policía toma la denuncia, que se judicializará desde un primer momento", comentaron desde el Ministerio de Justicia.

Otra de las medidas que se tomarán, como ocurre ya en el resto de la provincia, es la oralidad para todo el proceso penal.

Más celeridad en la investigación
"La expectativa es muy alta y buena. Esto no asegura que habrá menos delitos pero sí asegurará que sean más aceleradas las investigaciones de cada uno de ellos. A veces este sistema actual desalentaba la realización de denuncias. Es muy valioso el trabajo que se hará entre la Policía y el Poder Judicial.

Ahora estarán los dos poderes en la misma trinchera", expresó el diputado Emiliano Campos (UCR), quien fue uno de los legisladores que trabajaron en el proyecto que Senadores aprobó a fines de 2016 y que había sido enviado por el gobernador Alfredo Cornejo, aunque sufrió algunas modificaciones.

"Sabíamos que hasta hay casos en que los policías no reciben las denuncias, ya esto era un error que desde un principio se corregirá. Con esto deberían mejorar todos los índices delictivos", agregó Campos, e hizo hincapié en la celeridad en las actuaciones, poniendo de ejemplo que hoy para allanar un domicilio por delitos asociados al narcotráfico debían esperar hasta 3 días.
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