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martes 29 de marzo de 2016

Citarán a Pérez para imputarlo por incumplimiento de los deberes de funcionario público

Otros tres funcionarios también serán citados por la Justicia. Se debe a irregularidades en la concesión de áreas petroleras cuando era ministro de Infraestructura.

Francisco Pérez será imputado el jueves por el fiscal especial Juan Manuel Bancalari por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La misma suerte correrán los ex funcionarios Walter Vázquez, ex subsecretario de Hidrocarburos; Marcos Zandomeni, ex ministro de Energía y Pedro Sánchez, ex director de Petróleo.

Las irregularidades que se le adjudicarán datan de la época en la que Celso Jaque comandaba Mendoza y Pérez se desempeñaba como ministro de Infraestructura.

La medida se dispuso luego de que el letrado entendiera que a través del accionar de los ex funcionarios se benefició a dos empresas en una licitación de áreas petroleras que se desarrolló en 2011.

La causa, investigada en un primer momento por el fiscal Daniel Carniello, analiza el procedimiento a través del cual la compañía Chañares Herrados Empresa de Trabajos Petroleros obtuvo una prórroga en la concesión de Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado, al comprometerse (en 2011) a invertir 226 millones de dólares en esa zona.

La empresa desembarcó en Mendoza en 1992 y desde ese momento consiguió manejar estas áreas que se extienden a través de 210 kilómetros cuadrados, el plazo inicial fue por 25 años con la posibilidad de una prórroga de 10 años.

Finalmente, la vigencia de la concesión se extendió hasta el 2027 pero, según entiende Bancalari, desde el gobierno no se realizaron los estudios técnicos ni económicos, mientras que la empresa finalmente incumplió la promesa.


El pasado oscuro de los ex dueños de la compañía

Al momento en el que se llevó adelante el convenio con el gobierno de Celso Jaque, Chañares Herrado se encontraba en manos de Luis Alfredo "Freddy" Zarattini, quien se desempeñaba como vicepresidente de la empresa y estaba señalado como partícipe del asalto al Policlínico Bancario. Por ese hecho quedó imputado en el asesinato del General del Ejército chileno Carlos Prats.

El apoderado y abogado de la compañía Héctor Corrés fue condenado por el asesinato de la estudiante y activista marplatense Silvia Filler en diciembre de 1971 pero resultó beneficiado por la ley de Amnistía.

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