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miércoles 04 de octubre de 2017

Avanza la ley para cambiar la elección de los jueces

El Senado de Mendoza aprobó el proyecto que le da al Consejo de la Magistratura amplios poderes para seleccionar postulantes.

El Gobierno de Mendoza avanzó con éxito en su decisión de cambiar el sistema de elección de jueces, fiscales y defensores oficiales, al conseguir que la Cámara de Senadores le diera media sanción al proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura.

La iniciativa tiene como fin reducir al máximo la influencia de las mesas examinadoras y sus calificaciones sobre los aspirantes a jueces, y concentrar todo el poder de esa decisión en el Consejo de la Magistratura para que sea este quien decida el perfil del juez o magistrado que le propondrá al Poder Ejecutivo, y el gobernador elegirá luego a cualquiera de la terna elevada y lo nominará ante el Senado de Mendoza, que es el que aprueba o rechaza la designación del candidato.

Cómo es ahora
Hasta hoy, el sistema prevé que los aspirantes rindan un examen escrito y otro oral (deben aprobar el primero para pasar al segundo) por el que reciben las respectivas calificaciones de las comisiones asesoras (son las mesas examinadoras).

Estas notas se suman al puntaje con las de los antecedentes académicos y el candidato llega al Consejo de la Magistratura con una puntuación consolidada, pero no definitiva.

El cuerpo también otorga un puntaje limitado, tras una entrevista personal y otras evaluaciones que pueden reposicionar el orden final de los aspirantes.
Cómo sería
Los impulsores del proyecto de reforma quieren que el Consejo de la Magistratura no esté condicionado por los puntajes de las mesas examinadoras y los de los antecedentes para poder elegir a los candidatos.

El subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino explicó: "Entre los puntajes que dan las comisiones asesoras por los exámenes más el que se agrega por los antecedentes académicos, cuando llegan los candidatos a magistrados al Consejo, este queda encorsetado para elegirlos por los puntos que ya traen de la primera etapa y es muy difícil que el cuerpo pueda modificar con sus propias calificaciones".

D'Agostino dejó en claro que debe ser el Consejo el que tenga la potestad y facultad de elegir: "La Constitución de Mendoza dice que es el Consejo de la Magistratura el que debe decidir cuál es el perfil de los jueces que se quiere y no las comisiones asesoras, cuya función es informarle al Consejo que el candidato está técnicamente apto para ocupar el cargo".

Precisó que la reforma prevé "que las comisiones asesoras calificarán con un aprobado o un desaprobado a quienes rindan los exámenes desapareciendo cualquier valor numérico".

Otro cambio es que "sólo se tabularán los antecedentes laborales con el fin de emparejar las posibilidades de los abogados que vienen del Poder Judicial y los que trabajan fuera de él".

Señaló: "Con la reforma los antecedentes académicos no tendrán más puntaje, aunque estarán en la carpeta de antecedentes del aspirante".

Esta modificación se sostiene en que "el 98% de los aspirantes ternados son del Poder Judicial porque tienen más tiempo para estudiar que un abogado que litiga. Por eso, queremos ponerlos en igualdad de condiciones", precisó D'Agostino.

De este, modo, eliminada las calificaciones de las mesas examinadoras y las tabulaciones académicas, el Consejo tendrá todo el poder para decidir el perfil de un aspirante a magistrado.

"El perfil que estamos buscando es el de un magistrado que entienda que no está por encima de la ciudadanía, sino que está para la ciudadanía y esa discusión se tiene que dar en el ámbito del Consejo", recalcó el subsecretario de Justicia.

D'Agostino aclaró, además, que no hay chances de que haya manipulaciones políticas al destacar: "El Consejo de la Magistratura es un órgano equilibrado compuesto por un miembro de la Corte, uno del Gobierno, uno representando a los magistrados, dos en representación de los abogados y los dos restantes por los legisladores provinciales".

Con la media sanción en la Cámara de Senadores ahora le llega el turno en Diputados donde tendrá que ser aprobado para que la reforma sea ley.

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