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lunes 11 de julio de 2016

Ahora se discutirá una ley para agilizar la Justicia Penal de Mendoza

Será el "plato fuerte" del segundo semestre tras las vacaciones. El Gobierno impulsa esta reforma con retoques al Código Procesal, como la oralidad de las audiencias.

Tras haber logrado la aprobación de una veintena de proyectos de ley, entre los que figuran grandes cambios para la gestión judicial y la seguridad en Mendoza, el oficialismo legislativo apunta a comenzar a fin de mes el tan mentado segundo semestre con la mayor de todas las apuestas de reforma en materia de Justicia: la del Código Procesal Penal.

El presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, explicó que el proyecto, que ingresará por la Cámara que él dirige, está casi listo y esperan que durante la última semana de este mes sea discutido por los legisladores.

Para esto, el oficialismo ha despejado el camino de posibles escollos en la Casa de las Leyes y ha iniciado un diálogo con la oposición. "Hay buena predisposición para tratar la propuesta", subrayó Parés y agregó que el representante del peronismo que ha estado concurriendo a las reuniones extraoficiales por la presentación de las modificaciones al CPP es Mario Díaz, presidente de la Bicameral de Seguridad.

Modificaciones
El encargado de describir los cambios que se introducirán en 13 artículos del Código que data de 1999, fue el diputado radical Jorge Albarracín, quien, además, es especialista en estos temas jurídicos.

Albarracín comentó que las modificaciones tienen que ver con acelerar y desburocratizar los procesos judiciales, modernizar el método de las notificaciones –sumando la notificación electrónica, por ejemplo– y para esto, lo que se propone es incentivar la oralidad.

En este sentido, Albarracín comentó que se quiere reducir la utilización de papeles y para evitar problemas relacionados con la circulación de los expedientes –por ejemplo, que el fiscal tuviera que detener la investigación durante el tiempo que las fojas de documentación eran trasladadas– se prohibirá el tránsito de los originales y se optará por enviar copias a quienes lo requieran.

Por otra parte, se colocará en cada penitenciaría una oficina de notificaciones, para no tener que trasladar a los reclusos a fin de que se notifiquen, por ejemplo, de la elevación de la causa a juicio.
"Necesitamos una Justicia más ágil, expeditiva y concreta, que se base en reglas claras y adaptadas a nuestra realidad", sostuvo el diputado radical.

Además, destacó la participación de la víctima en proceso de investigación.

En cuanto a este punto, explicó que uno de los cambios está enfocado a tener en cuenta las pruebas que pueda ofrecer la víctima aún sin necesidad de convertirse en querellante, dicho de otro modo: sin que haya un sospechoso de haber cometido el delito. Albarracín explicó que esto es para sumar datos que la víctima tenga, aunque no haya pruebas concretas, sucede con los robos de autos, o violación de domicilios, en los que muchas veces la víctima recibe algún aporte de un vecino, o de un testigo espontáneo de los sucedido, y con las nuevas disposiciones, la Justicia tendrá la obligación de tener en cuenta estos datos e investigarlos.

Parte de la reforma
Este proyecto será el corolario de un paquete de leyes que constituirán, en su conjunto, una reforma judicial y de seguridad en la provincia.

Entre las ya sancionadas se destacan la modificación de la 6.722 –la que le da estructura a la Policía– la emergencia en seguridad, los cambios en la prisión preventiva y la unificación de causas judiciales, entre las más importantes. Fuera del paquete de leyes, se observa la voluntad política de sancionar a las cúpulas policiales como lo viene haciendo la IGS.

Hará falta más dinero para los cambios
Tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, como el legislador oficialista Jorge Albarracín –uno de los principales impulsores de este proyecto de ley– admitieron que para la puesta en marcha del Código Procesal Penal modificado habrá que invertir una importante suma de dinero.

En primer lugar, porque aspiran a que se aplique en toda la provincia –una situación que nunca pudo concretarse cuando se sancionó la ley 6.730– y no solo en la 1ª y la 3ª circunscripción judicial como ocurre actualmente.

Todos los gobiernos que se han sucedido, desde 1999 hasta la fecha, se han justificado con la falta de presupuesto para explicar por qué no lo han terminado de implementar.

Además, con esta iniciativa hay que tener en cuenta otro aspecto que insumirá una partida presupuestaria extra e importante: se precisarán más salas para la multiplicación de las audiencias orales y es probable que sea necesaria la construcción de un nuevo edificio judicial para esto.

En definitiva, sin un aporte de dinero no será posible realizar cambios demasiado notorios en el sistema judicial de Mendoza.

El presidente de la bicameral participa
Consultado acerca de qué grado de participación tiene la oposición en el proyecto, Néstor Parés sostuvo que quien está participando en el proceso es Mario Díaz.
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