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viernes 20 de mayo de 2016

Afirman que el reintegro del IVA beneficiará a unos 320 mil mendocinos

Se reducen 15 puntos del pago del 21% de ese impuesto. Es para jubilados, pensionados y los que cobran la AUH.

Alrededor de 320.000 mendocinos se beneficiarán con la devolución del IVA en la compra de alimentos de la canasta básica que tuvo media sanción en la madrugada de este jueves en el Congreso de la Nación.

Los destinatarios de la rebaja son los jubilados que cobran el mínimo, los pensionados y los beneficiarios de la asignación universal por hijo (AUH).

El proyecto, que ahora debe tratarse en el Senado, establece que del total de 21% que se paga de IVA los beneficiarios podrán recuperar 15 puntos porcentuales en las compras hechas con las tarjetas de débito con las que cobran sus haberes.

Cada beneficiario podrá recuperar como máximo $300 por mes, lo que representa el 15% del valor estimado de una canasta básica.

El tope en el monto de devolución fue motivo de críticas porque representa un porcentaje muy bajo respecto al gasto total en canasta básica que hacen hoy los argentinos. Por ejemplo, si una persona gasta $500 en el supermercado y paga con la tarjeta de débito con la que cobra la jubilación o la AUH verá que le reintegra en su caja de ahorro el 15% de lo que gastó. Es decir: $75. El reintegro se producirá hasta llegar al tope de los $300 y siempre que decida comprar con la tarjeta de débito o crédito en un comercio donde la reciban.

Se aclara que "hasta tanto el INDEC no publique la canasta básica de alimentos, el monto máximo será de $300 por mes y por beneficiario" y que ese valor deberá ser modificado por el Ejecutivo "en los meses de julio y enero de cada año, a partir de enero de 2017, en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor elaborado precisamente por el INDEC.

Costo fiscal
Según los cálculos del Gobierno, la medida podría representar un costo fiscal de $22.000 millones por año. Pero para eso los beneficiarios deberían hacer todas sus compras con tarjeta, algo difícil de cumplir por la gran cantidad de comercios que no aceptan ese medio de pago. Fueron exceptuados de esa condición los habitantes de pueblos de menos de 5.000 personas, donde ni suele haber bancos.
La discusión entre oficialismo y oposición se desató durante el tratamiento del articulado, por una propuesta del bloque justicialista para que el costo fiscal sea absorbido en su totalidad por la Nación y no por las provincias, pese a que el IVA es un impuesto coparticipable. A último momento, el Frente Renovador decidió apoyar la propuesta del justicialismo, que ya contaba con el respaldo del Frente para la Victoria. Del total de $22.000 millones, $10.000 se les descontaría a las provincias, según el proyecto original.

Posiciones
Uno de los legisladores que criticaron los límites impuestos al beneficio fue Néstor Pitrola, del bloque Partido Obrero-FIT, quien dijo que el tope es muy chico, "porque $300 representan 7 kilos de pan al mes o dos kilos de carne. La agenda social del Gobierno es una vergüenza. Para peor esto no es para los pobres, porque el 40% de los trabajadores no está registrado, trabaja en negro. Llamar a esto un cambio progresivo del IVA es un abuso del lenguaje. Oculta que a los 12 millones de pobres que dejó el gobierno anterior se le ha sumado en sólo 4 meses un millón de nuevos pobres".

No obstante y pese a las críticas de algunos sectores el proyecto fue aprobado por amplia mayoría. Hubo 232 votos a favor, 7 abstenciones y ninguno en contra.

Para la oposición el sistema no debería ser bancarizado
La oposición al frente Cambiemos en el Congreso nacional apoyó la medida pero hizo algunas observaciones al proyecto.

El ex ministro de Economía y legislador del Frente para la Victoria Axel Kicillof expresó su "apoyo en general" al proyecto, pero alertó de que la norma que impulsa el oficialismo no es de carácter directo porque primero "manda a los que necesitan ayuda a bancarizar más la economía".

Los diputados Diego Bossio (bloque Justicialista) y Carlos Heller (bloque Solidario) dijeron que la ley tiene "graves problemas de implementación" y reclamaron la aplicación directa del beneficio, sin medios electrónicos.

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