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domingo 22 de mayo de 2016

Adopciones irregulares: no existió delito y las juezas vuelven tras una dura y larga suspensión

Luego de haber sido acusadas, a Lizán y Rodríguez les quitaron los fueros por casi cuatro años. Ambas hablan de daños laboral y personal irreparables. Barrigón renunció

Para muchos, el tiempo es relativo y su paso se vive de acuerdo con la intensidad de los sucesos que van ocurriendo. Son ciclos que tienen fecha de inicio y también de final. Como el procedimiento judicial en el que se vieron involucradas las juezas María Lizán, Susana Barrigón y Adriana Rodríguez, al frente del Primer, Segundo y Tercer Juzgado de Familias de la 4ª Circunscripción, respectivamente.

En marzo de 2012, los medios se hacían eco de una denuncia en su contra por irregularidades en la adopción de dos hermanas, ocurrida entre 2009 y 2010, que desencadenó una causa penal y un Jury de Enjuiciamiento con la consecuencia de que fueran suspendidas de sus funciones. Situación que se prolongó hasta el pasado 5 de mayo, cuando la causa fue archivada ante la falta de pruebas para comprobar las acusaciones.

Sólo ellas saben cuán larga se les hizo la espera. Lo certero en esta línea de tiempo es decir que hubo dos magistradas –Barrigón renunció–que estuvieron durante casi 4 años inactivas, cobrando menos de la mitad de sus sueldos (sólo el 32% por descuentos) y siendo señaladas como las juezas del Valle de Uco que "comercializaban niños".

Tras la resolución de que se reintegren a sus cargos y reciban el dinero que se les embargó, hay puntos en común más allá de que las letradas estuvieron hasta el final juntas sometidas a este proceso. Hoy no desestiman iniciar acciones legales contra el Estado en un futuro y quizás contra algunos de los actores que intervinieron. Y aunque ninguna se atreve a nombrarlos directamente, sí asumen que hubo figuras claves, a las que les atribuyen influencias determinantes, responsabilidades que, se deduce, podrían recaer fácilmente según sus actuaciones en el procurador de la Corte, Rodolfo González, en el abogado Edgardo Valles (investigado por el Tribunal de Cuentas) y hasta en el juez Oscar Balmes, que las imputó por incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad documental y prevaricato.

Ahora Rodríguez (52) regresó a su despacho en Tupungato pero Lizán (58) no tiene un juzgado designado.

Diario UNO las entrevistó y te acerca sus testimonios.

Adriana Rodríguez se muestra aliviada de volver a ocupar su cargo

–¿Qué ocurrió cuando se enteró de que estaba suspendida?
–Fue una conmoción. Los delitos que me imputaban eran horribles. Sobre todo para un juez de familia. Además soy profesora en la UNCuyo ¿Cómo posicionarse ante semejante acusación?

–¿Cómo llega a estar imputada?
–Fue por un día que actué de subrogante (en remplazo de Lizán). Se trató de una nena con informes que decían que si no se tomaba una decisión iba a suceder algo. Al parecer padecía la institucionalización. En el proceso de vinculación pregunté quiénes estaban en la lista, hicimos que un psicólogo los evaluara y ordené visitas.

–¿Con esa mínima intervención es normal estar 4 años suspendida?
–Me tengo que poner del lado del justiciable, porque me considero víctima de esta situación. Creo que empezó con un relato ficcionado de Valles, porque en su denuncia planteaba la existencia de books. Algo aberrante. Pero alguien recepcionó esa historia. En aquel momento Balmes (que estaba como conjuez) hace las imputaciones a pedido del fiscal (Javier Pascua) pero fueron falsas, apresuradas, no tuvo en cuenta una praxis y las leyes de familia.

–¿La imputación penal fue crucial?
–Claro. Hubo injusticias e ilegalidades. Quedaron fijados los hechos y las imputaciones como dijeron Pascua y Balmes. Acá hay que resaltar que nos sometimos al proceso judicial. Pedimos ir a aclarar. Ofrecimos pruebas que aceptaron pero no produjeron. Hasta tergiversaron lo que declaré y le dieron otra interpretación.

–¿Por qué se prolongó tantos años?
–Podría haber sido más rápido. Hubo muchas recusaciones, planteos, nulidades. Fueron tiempos de mucho desgaste.

–¿Cómo vivió ese tiempo?
–Para poder responder a todo con mi abogado (Alejandro Poquet) me encontré con la familia, los amigos, pero tuve una etapa de aislamiento. Mi única actividad externa fue la facultad. Tuve tratamientos y terapia. Cuando a uno lo sacan así lo sacan de un trabajo y de una vocación.

–¿Qué le dejó esta experiencia?
–Una reflexión es que los jueces en Mendoza somos vulnerables ante el sistema vigente de enjuiciamiento. No es difícil armar una causa penal, pedir el desafuero de un juez y que te suspendan. Debiera ser de otra manera. Hubo impericias en las imputaciones iniciales y eso desencadenó todo. Hubo errores legales, un afán de acusarnos. En todo momento tuve que demostrar la inocencia. Sin embargo, el que acusó nunca pudo demostrar nada.

María Lizán dijo sentirse víctima de una inquisición

–¿Cómo ingresa a la causa?
–Valles era un denunciante crónico para nosotros. La suya me pareció hasta irrisoria en su redacción. Hablaba de la existencia de un book, de una connivencia cuando si hay personas que se han llevado mal somos la doctora Barrigón y yo.

–¿Qué incidencia tuvo en el caso?
–Mi mamá sufre una quebradura y me pido licencia tres días, en los que se tomaron las medidas. Cuando volví Rodríguez me dice que había autorizado visitas del matrimonio y como ellos habían visto al psicólogo y había llegado un informe de la nena que decía que estaba triste, se recomendó buscar una opción de adopción. Yo creo que no hubiera tomado esa decisión pero, igualmente, para mí ese expediente era un ejemplo de cómo se había trabajado. Por eso recurrí a mis abogados (Daniel Sosa Arditi y Andrea Pescarmona) y les dije que quería declarar.

–¿Cómo avanza eso?
–Me sentí muy maltratada por el fiscal Pascua y por el juez Balmes. El desconocimiento que tenían era escandaloso. Nosotros nunca trabajamos con temor o recelo. Es maravillosa la imaginación del fiscal para elaborar el informe y no consideró ninguna de las pruebas ofrecidas.

–¿Cómo vivió luego la suspensión?
–No podía creer lo que estaba viviendo. Era una película de terror. Eran cosas insostenibles. Lo viví como un proceso inquisitorio. Fui víctima de una inquisición y me parecía que en cualquier momento se aparecería Torquemada, que lo tengo personificado. Hay un Torquemada acá.

–¿Considera que fue personal?
(Silencio) –El caso es sensible, indudablemente. Pero exige la existencia de una asociación ilícita con un cerebro que organice. Yo no podía pensarnos organizando la venta de niños. Y no voy a culpar al Jury, creo que fue inducido a cometer alguna irregularidad. ¿De qué modo? Cambiando la imputación, por ejemplo.

–¿Qué otras consecuencias le trajo?
–No volví a salir de mi casa, porque me daba vergüenza. Hice de nuevo la carrera de Derecho con mi hija. El estudio me ayudó a salir adelante, caí en depresión. Destruyeron mi vida social y profesional porque tenía aspiraciones a la cámara. Como corolario ni siquiera me puedo poner contenta porque ordenaron mi reintegro al cargo pero no lo tengo. Se lo dieron a otra persona. Perdí mi trabajo, por el que luché sola.

–¿Qué sigue ahora, alguna demanda?
–La prioridad es no perder mi trabajo. Fueron 4 años luchando para mostrar que se equivocaron, pero esto no tiene remedio.

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