Por gambetear la inseguridad, Pérez se perdió el rédito del anuncio del plan de casas

Por Javier Polvani

Un rebrote de la crisis de seguridad hizo añicos la renta política que preveía obtener el gobernador Francisco Pérez del lanzamiento oficial en Mendoza del plan de construcción de casas con fondos del ANSES. Para evitar preguntas sobre los dos homicidios ocurridos el miércoles en Guaymallén, el mandatario se perdió protagonizar el anuncio de la implementación de un plan destinado a una de las principales demandas de la población.

A la misma hora que enterraban al abogado Adolfo Moreno, asesinado en su casa en la mañana del miércoles, Pérez estaba reunido con la responsable en Mendoza del Banco Hipotecario, Ana Soto, y el presidente del IPV, Omar Parisi, intercambiando información para aceitar la implementación en la provincia del otorgamiento de créditos dispuesto por la Nación para la construcción de casas. Pérez adujo impedimentos de agenda para participar del anuncio que se realizó en la sala de conferencias del despacho cuando terminó la reunión.

Lo cierto es que Pérez y sus principales consejeros analizaron que no tenía sentido salir a responder preguntas sin tener posibilidades de dar respuestas concretas. El gobernador no tenía ninguna novedad para anunciar en el marco de las investigaciones por los hechos que levantaron la temperatura en torno a la seguridad.

En la sala de reuniones del despacho del Gobernador se hablaba de terrenos fiscales para destinar a barrios, intereses y cuotas para financiar la construcción de casas, registros de inscripción de demandantes y cosas por el estilo, al mismo tiempo que en los otros dos Poderes (la Legislatura y la Justicia) comenzaba a hervir el debate por la seguridad en la hoguera alimentada por el efecto de dos asesinatos y los intereses políticos tratando de favorecerse por la coyuntura.

El predicamento logrado en los tribunales por Moreno, conocido como El Gallego, potenció los efectos políticos no sólo del homicidio del letrado sino también del asesinato de la empleada bancaria María Lourdes Gordillo, ocurrido el miércoles en la noche en el barrio La Madera. En la Casa de Gobierno la atención de todos los funcionarios con responsabilidades ligadas a la política y la seguridad, con el gobernador a la cabeza, se centró en las consecuencias de este nuevo golpe de la inseguridad a la administración provincial.

Así como Pérez tomó distancia pública mientras resuelve con qué anuncios cimenta la salida a la crisis, el vicegobernador Carlos Ciurca no fue la espada oficial que sale a hacer punta en temas calientes, como acostumbra. En todos los borradores que pasan por el escritorio del gobernador para hacer frente a la repercusión de los dos crímenes aparecen duras críticas a la acción de la Justicia entre los justificativos de la inseguridad.

Lo que no se resolvió en el Gobierno antes de que la oposición lanzara una avanzada para citar al ministro de Seguridad, Carlos Aranda, a la Legislatura y que el Partido Demócrata directamente pidiera la cabeza del funcionario, es en qué momento y en con qué tenor se producirá la respuesta de Pérez sobre los dos homicidios y sus consecuencias.