Diario UNO
Jueves, 02 de mayo de 2013

"Las razones por las que no se cumple la Ley 7.319 son todas mentiras", se despachó un ex legislador

Roberto Blanco, del peronismo disidente, cuestionó las razones esgrimidas por el Gobierno para no aplicar la ley que prohíbe las bolsas no degradables.

Adaptadas. Las cadenas de supermercados desde hace tiempo entregan bolsas degradables. En la foto se observa la leyenda “Esta bolsa degradable responde a la Ley 7.319” estampada en las bolsas que en su momento entregó Súper Vea.

Por Cecilia Amadeo
amadeo.cecilia@diariouno.net.ar

“Todas mentiras. Las razones dadas por los funcionarios responsables para justificar lo injustificable van desde los términos técnicos utilizados, la inexistencia de estos productos, el costo y la complejidad de la fabricación hasta afirmar que no existe laboratorio en el país que compruebe la degradación. Las razones por las que no se cumple la Ley 7.319 son todas mentiras”. Así salió a defender el ex legislador Roberto Blanco (peronismo disidente) la norma de su autoría que prohíbe la entrega de bolsas que no sean degradables.

El 29 de abril, UNO publicó una nota en la que José Pozzoli, coordinador de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, explicaba los motivos por los cuales, a 8 años y medio de su sanción la ley aún no se cumple. “Hay leyes que son sólo intenciones y buenos deseos, que son de difícil aplicación, porque implican un control y unas exigencias especiales por parte del Estado, pero también toda una adaptación del mercado que no es fácil de resolver”, dijo en aquella oportunidad.

Al respecto, Blanco estimó que “Pozzoli está muy mal asesorado: o no leyó la ley y el decreto reglamentario, o no investigó y estudió el tema al opinar”, porque, según el ex legislador, la ley es “taxativa” y no necesita de mecanismos de promoción industrial, porque “para fabricar una bolsa plástica oxibiodegradable no se necesita cambiar ni las maquinarias actuales ni la mano de obra”.

Pero además acusó al funcionario de que “no debe saber de la existencia de la Ley 7.806 de 2007, que establece un ‘programa para la incentivación a la fabricación, comercio y uso de plásticos degradables en Mendoza’, que la Secretaría de Ambiente no ha puesto en marcha”.

Laboratorios confiables
Uno de los argumentos esgrimidos por Pozzoli para explicar la demora en la aplicación de la ley es que durante muchos años en Mendoza no hubo un instituto serio que acreditara la calidad de degradables de las bolsas.
“Si Pozzoli duda de las certificaciones de calidad o de fabricación, entonces no debería autorizarse el uso y/o venta de ningún producto en Mendoza. ¿O él cree que con nuestros inspectores y laboratorios controlamos el octanaje de las naftas, la calidad de un desinfectante o el contenido ignífugo de un matafuegos?”.

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