Aval de Pérez al proyecto radical que limita las salidas de presos peligrosos

Por Analía Boggia

El Gobierno salió a bancar el proyecto de ley de los radicales para limitar las chances de los presos para acceder a salidas transitorias. El ministro de Seguridad, Carlos Aranda, indicó que “hay que andar con cuidado, pero con los derechos de todos. Hay consenso para tratar la Ley Petri”, en alusión al legislador Luis Petri (UCR), uno de los impulsores del nuevo Código de Ejecución Penal.

El funcionario también confirmó que el gobernador Francisco Pérez y el vice Carlos Ciurca ya tienen en sus manos el borrador de la iniciativa oficial que quiere hacer que los fiscales autoricen allanamientos “express”, sin tener que consultar a los jueces de Garantía, tal como ocurre ahora.

La posición de Aranda frente al proyecto de la UCR para limitar las excarcelaciones de presos peligrosos dio a entender que la semana que viene, cuando termine el receso legislativo, el peronismo acompañará la media sanción del texto en Diputados, cámara que le dio aprobación en general antes de las vacaciones de invierno de la Legislatura y postergó el tratamiento del articulado en particular para después del receso. Luego el preoyecto llegará al Senado.

¿Garantistas o no?

Para justificar la decisión del PJ, el funcionario alineado con Ciurca dijo que “es un error pensar en ser garantista o no. Hay que dar el debate, pero en sintonía con la realidad”.

El proyecto de Petri busca que los presos que cometieron delitos graves, como homicidios o violaciones, no puedan acceder a los regímenes de salidas transitorias y a la libertad condicional, vigentes ahora por la adhesión de Mendoza a la Ley Nacional 24.660.

Pero constitucionalistas y garantistas vienen cuestionando esa iniciativa radical, porque entienden que afecta los derechos de las personas a regenerarse y reinsertarse en el medio, si demuestran cambios de conducta durante el período de encierro.

Insisten con que los fiscales allanen sin orden

El fin del receso legislativo significará además del impulso a la Ley Petri el avance del PJ en mostrarse activo en la lucha contra el delito. En esa línea, Aranda confirmó que el borrador del proyecto para agilizar los allanamientos y las escuchas telefónicas ya está en poder de Pérez y Ciurca y que tratarán de imponer la iniciativa en la Casa de las Leyes.

El titular de Seguridad admitió que el texto tiene resistencias por la posible violación de la Constitución de Mendoza, pero dijo que “si es necesario, se incluirá en la reforma”.

El proyecto que defendió Aranda es el que presentó hace poco más de un mes, cuando estalló una nueva crisis de inseguridad por dos crímenes resonantes. La iniciativa oficial quiere dar vía libre a los fiscales para autorizar allanamientos e intervenir teléfonos sin necesidad de dar aviso al juez de Garantías, como establece la legislación vigente.

La idea podría ser considerada inconstitucional, pues el artículo 14 de la Constitución de Mendoza, que contempla que “el domicilio es inviolable y sólo podrá ser allanado en virtud de orden escrita de juez competente o de autoridad sanitaria o municipal por razón de salubridad pública”.

Por esa razón, el Gobierno busca incorporar cambios en ese ítem, y sumarlo a la cruzada reformista de la Carta Magna, que incluye la reelección del gobernador.

“Si el fiscal estuviera en el lugar se acelerarían los procesos. Le estamos dando una herramienta a los fiscales”, tal como explicó Aranda.