Editorial - Carlos Menem Carlos Menem
miércoles 09 de agosto de 2017

Sin poder esconderse

Carlos Menem ya no podrá cobijarse bajo el cielo protector de la política para eludir los fallos judiciales.

El ex presidente argentino y actual senador nacional Carlos Menem tiene 87 años y la posibilidad cierta de tener que ingresar a la cárcel o a la prisión domiciliaria.

Arrastra dos condenas judiciales en su contra, pero hasta ahora tanto la política como la Justicia se hacían las desatendidas.

Una de esas condenas es por contrabando agravado de armas a Croacia y Ecuador, en la que fue sentenciado a 7 años de prisión y a 14 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Otra por el pago de sobresueldos durante sus dos gobiernos (1989-1999), en este caso a 4 años y 6 meses de cárcel.

Hasta ahora, y por contar con la inacción judicial y política ya comentadas, el ex mandatario se venía cobijando bajo el manto de su inmunidad parlamentaria, al tiempo que tejía transas con distintos sectores políticos, en particular del peronismo, sin descuidar, claro, los tratos con el kirchnerismo.
Cristina Kirchner, que decía ser enemiga de Carlos Saúl Menem, terminó transando con el riojano cuando necesitó algún voto clave en el Congreso.
Toda esa tranquilidad saltó por los aires el lunes pasado cuando la Cámara Nacional Electoral (CNE) impugnó la nueva precandidatura de Menem a senador nacional por su provincia, una postulación que el riojano se había armado para seguir bajo el escudo senatorial desde diciembre próximo, cuando concluye su actual mandato legislativo.

La Cámara Nacional Electoral ha impedido a escasos días de las PASO que Menem se presente por tercera vez consecutiva a senador.

La razón es contundente: las ya citadas condenas en su contra, que incluyen la inhabilitación para cargos públicos.

En 2001, dos años después de haber concluido su segundo mandato, Menem permaneció cinco meses bajo arresto domiciliario por la causa de la venta de armas. Ahora puede volver a caer por esa misma causa.

Además tendrá que volver a lidiar judicialmente en otra causa en la que había sido sospechosamente sobreseído, beneficio que ahora ha sido dejado sin efecto. Hablamos del beneficio que recibió en el caso de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, que dejó cinco muertos, y con la que se pretendía borrar rastros de las armas ilegalmente enviadas a Ecuador y Croacia.

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