Editorial Editorial
lunes 19 de junio de 2017

Otra vez y van...

El gobierno de Cambiemos viene repitiendo una fórmula: dar marcha atrás con medidas polémicas.

Aun año y medio de haber asumido, el Gobierno de Cambiemos sigue repitiendo una fórmula: dar marcha atrás con medidas que generan fuerte repudio en el sector político y, sobre todo, en la sociedad.

La última de ellas es la quita de pensiones por discapacidad, que afectaba a 70.000 beneficiarios. Luego de numerosas críticas y manifestaciones públicas, se resolvió que se volverá a foja cero y que se analizará caso por caso. Incluso en Mendoza, el propio gobernador Alfredo Cornejo se ofreció para que cada departamento colabore en poner blanco sobre negro en esta situación.

Otra vez borrón y cuenta nueva. Algunos podrán decir que es de honesto reconocer el error y otros –especialmente la oposición–, que se trata de improvisación a la hora de aplicar políticas públicas. También hemos escuchado decir más de una vez que el problema es la falta de comunicación que existe en el seno de la gestión macrista.

Pero lo cierto es que con las pensiones por discapacidad se podrían haber manejado de otra manera, si es que ya se habían comprobado ciertas irregularidades al momento de otorgarlas. Y no incluir a todos en la misma bolsa y sacarles el beneficio a familias que cuentan con ese subsidio para llegar a fin de mes. El criterio que aplicaron para los recortes fue bastante cuestionado, ya que incluía a personas que tienen auto (viejo), como si las personas con discapacidad no tuviesen que trasladarse a ninguna parte. Ni hablar de que los que están en tratamiento permanente.

A cuatro días de asumir, el presidente Mauricio Macri daba la primera muestra de lo que ocurriría en reiteradas oportunidades y con decisiones cruciales. Designó a dos jueces de la Corte Suprema por decreto y después de los reproches políticos, terminó mandando los pliegos al Congreso, los cuales fueron aprobados.

Otro de los momentos dramáticos fue protagonizado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien anunció un tarifazo de luz y gas, y provocó una lluvia de cautelares, que obligaron al Gobierno nacional a moderar los aumentos y a convocar a las audiencias públicas. Un paso previo previsto por ley.

El listado de contramarchas no termina aquí e incluye haber declarado movible el feriado del 24 de marzo, el acuerdo con el correo Argentino, la soberanía de Malvinas, la modificación de la fórmula para calcular la suba de los haberes jubilatorios, entre otros.

Quizás ya hayan tomado nota de las repercusiones negativas y la próxima sean más cautelosos. Veremos.
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