Editorial - Femicidios Femicidios
viernes 30 de septiembre de 2016

Los otros violentos

Los que provocaron destrozos y alteraron el orden público al finalizar la marcha contra los femicidios deben pagar por los daños que hicieron y por desnaturalizar el derecho a peticionar.

El violento escándalo que armó un minúsculo grupo de personas cuando el miércoles a la noche finalizaba la masiva manifestación a raíz de los tres femicidios en Mendoza esta semana no hace más que ratificar que la violencia social es un mal mucho más extendido de lo que habitualmente se cree.

Los que tiraron piedras contra la Legislatura y rompieron vidrios, los que prendieron fuego en el ingreso de la sede de ese poder del Estado con la intención de provocar un siniestro mayor, los que hicieron pintadas con aerosol, los que provocaron destrozos en la oficinas que dan a la peatonal Sarmiento y a Patricias Mendocinas, donde cayeron piedras de gran tamaño, los que intentaron entrar por la fuerza a la Casa de las Leyes causando heridas a efectivos policiales, los que insultaron con los peores epítetos a la vicegobernadora mendocina Laura Montero, todos ellos son gente que no quiere vivir en democracia y que no creen en ella como forma de gobierno.

Saben que son absolutas minorías pero siguen soñando con supuestas revoluciones que necesitan de un estado revulsivo de cosas para ganar algún espacio.

Previamente 10 mil mendocinos se habían manifestado en paz en contra la violencia de género. Fue una lógica y necesaria reacción de esa mayoría habitualmente silenciosa pero que ya ha entendido que hay sucesos que no se puede ni se debe dejar pasar.

Esos miles de mendocinos no se deben sentir apabullados por esos 50 o 70 imbéciles que destrozaron bienes del Estado, que agredieron a estatales y que intentaron provocar el caos.

Esos miles que marcharon pacíficamente hicieron lo que la civilidad debe hacer en una democracia. Y deben sentirse orgullosos de su accionar.

Los otros merecen no sólo el repudio ciudadano sino la más rigurosa investigación por parte de la Justicia.

Deben pagar por el hecho de alzarse contra la ley, por destrozar bienes públicos, por alterar el orden público y por desnaturalizar el derecho a peticionar.

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