Editorial - Mendoza Mendoza
lunes 09 de mayo de 2016

El caso Mumy

La difusión de las declaraciones juradas de bienes parece no sentarle del todo bien al oficialismo. A la polémica por los autos de $1 y de las casas de $0,70, se suma la amenaza de una diputada radical.

La Legislatura de Mendoza sigue siendo una fuente inagotable de sorpresas nada buenas, pese al esfuerzo que hacen varios de sus legisladores por elevar el nivel de esa actividad esencial para la democracia.

Del total de senadores y diputados electos por el voto popular, hay un número nada menor de representantes del pueblo que se pasan varios años cobrando, a modo de beca, un excelente sueldo al que no suelen dignificar, ya que sus labores pasan totalmente desapercibidas para la mayoría de los contribuyentes.

Están, por ejemplo, los que jamás hablan en las sesiones, los que ni se toman el trabajo de estudiar las leyes que deben votar, los que faltan a las reuniones de comisión, los que no rinden cuentas de su labor, los que ni siquiera están en sus oficinas, los que se equivocan al poner una bolilla en una votación, los que usan su labor para "viaticar" y los que utilizan su puesto legislativo como agencia de empleo de sus familiares, lo que hace que muchos de estos pasen de la noche a la mañana a portar el título de "asesores".

A veces cometen la torpeza del disparate y ahí es donde nos enteramos de que desde hace años en la Legislatura está cobrando el señor Fulano o la señora Zutano, a los que jamás hemos visto u oído haciendo un aporte que resulte interesante para Mendoza.

Este fin de semana la ciudadanía ha tomado conocimiento de que la diputada radical Julia Ortega, conocida entre punteros y militantes por el apodo de Mumy, ha advertido a la Fiscalía de Estado de Mendoza que bajo ningún concepto publique su declaración jurada de bienes en la página web de ese organismo de contralor, incluso, bajo la amenaza de iniciar acciones legales contra el Estado, del que ella forma parte como representante popular.

Ortega indica que se está violando su derecho a la intimidad y que la publicación de su declaración jurada la expone a sufrir problemas de inseguridad.

Olvida la diputada todas las normativas con rango constitucional que hay en el país sobre ética pública.

Entre ellas, precisamente, figura la obligación de los funcionarios a declarar sus bienes. Y a que se difundan.
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