Editorial - Mendoza Mendoza
domingo 08 de mayo de 2016

Declaraciones juradas: todos a sincerar

De muy poco servirán las declaraciones juradas de los funcionarios públicos si lejos de dar garantías de transparencia obtienen la reacción contraria, es decir la desconfianza o la duda de si se obró honestamente.

Las declaraciones juradas presentadas hace unos días por el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo y su gabinete no deben quedar en la mera anécdota, más allá de que hayan dado pie a todo tipo de humoradas con un lógico rebote mediático en el resto del país debido a los irrisorios valores consignados.

Lo que de ninguna manera tiene que aceptarse es que se pierda el sentido más elemental de una declaración jurada, que es el de dar fe del patrimonio de aquellos que fueron elegidos para gobernar a todos los mendocinos.

La justificación de que algunos de esos cuestionados números responden "a la valuación fiscal y no el valor de mercado" (sic) no resulta convincente cuando el discurso oficial y recurrente es el de sincerar los números del Estado.

El mandatario de Mendoza acusó recibo del escandalete. Una vez que alcanzaron tanto eco el auto Mercedes Benz de $1 del ministro Gianni Venier y el lote de $0,70 de la vicegobernadora Laura Montero, Cornejo admitió que de muy poco sirven las declaraciones juradas si lejos de dar garantías de transparencia obtienen la reacción contraria.

Si alguien considera preciso dibujar los patrimonios personales es porque insinúa gato encerrado o porque no quiere que a futuro se compare con cuánto ingresó a la gestión pública y con cuánto se irá.

La polémica dejó un aspecto positivo: urge actualizar el registro catastral (los últimos datos se remontan a 1999) y, sobre todo, aggiornar el avalúo fiscal mediante una ley (desde 2009 un proyecto está cajoneado en el Senado).

Esto permitiría, además, un importante salto en la recaudación para las arcas provinciales en Inmobiliario, Sellos y Transferencias.

De hecho, por cálculos mal realizados en estos impuestos, Mendoza estaría perdiendo por año unos $5.000 millones. Imperdonable.

Para Cornejo, el problema arranca en el decreto de Francisco Pérez ya que no determina la metodología para valuar los bienes que declaran los funcionarios.

La Fiscalía de Estado tampoco puso reparos en lo presentado. Ese ente de contralor sólo recibe la declaración jurada y su rol se focaliza en que puedan justificar los bienes adquiridos mientras cumplen con la función pública.

Para que la transparencia (valor del que Cambiemos habló hasta el hartazgo para desmarcarse de la "herencia") no sea un eufemismo ad hoc, se requiere de los ajustes legales mencionados y, por qué no, de decisión política. De tal manera que rendir cuentas a los ciudadanos no sea una puesta en escena ni un obligado e incómodo paso administrativo.
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