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Mendoza

Diez detenidos en San Rafael por delitos de lesa humanidad

La Justicia federal libró 35 órdenes de detención. Entre los apresados está el ex policía Hugo Ramón Trentini, quien cumplió una condena por el asesinato del joven Sebastián Bordón.
21-11-2012

Javier Martín
jmartin@diariouno.net.ar

SAN RAFAEL– En un operativo múltiple con escasos precedentes, la Justicia federal de este departamento libró 35 órdenes de detención contra ex funcionarios judiciales y personal militar que actuó en la época de la última dictadura. Hasta ayer eran diez los detenidos: nueve ex policías y un ex militar que actualmente es periodista.

Varios ex comisarios ya están detenidos, como también un periodista de la estatal LV4 que en aquella época (1976 a 1983) habría estado en el área de inteligencia militar, de acuerdo con lo que ayer señalaron organizaciones de derechos humanos.

Al contrario de lo que se informó en otros medios, el proceso de extradición del cura Franco Reverberi –actualmente en Italia– se libró hace varios meses y éste no está incluido en esta treintena de pedidos. Reverberi declaró como testigo en el primer juicio y se sospecha que presenció las sesiones de interrogación y torturas.

Hasta ayer, los diez detenidos eran Daniel Navarro, Hugo Ramón Trentini (con condena cumplida por el caso de Sebastián Bordón), Edgar Martín Ferreyra (periodista), Orlando Gutiérrez, Daniel Huajardo, Oscar Raúl Pérez (ex comisario y ex asesor del Consejo de Seguridad Departamental), Tomás Rojas, Isidoro Freire (ex comisario) y Luis Graín (ex comisario).

Salvo Ferreira, los otros fueron oficiales policiales de alto grado.

Ayer, con el correr de las horas, otro policía se presentó voluntariamente en la Justicia y completó la decena de detenidos.

El caso contra el ex comisario Pérez –de acuerdo con fuentes judiciales– es uno de los más avanzados, ya que se habría conseguido documentación que lo situaría al frente del D-2, centro clandestino de detención que operó en el Palacio Policial de la capital de la provincia en la época cuestionada.

Las detenciones fueron autorizadas por el juez federal subrogante Eduardo Puigdéngolas en el marco de las compulsas que se desprendieron del primer juicio por delitos de lesa humanidad, en 2010.

Fueron pedidas luego de un arduo trabajo de investigación por parte de la fiscalía federal, a cargo de Francisco Maldonado.

La carátula es “Averiguación infracción delitos de lesa humanidad”, y no se descarta que en las próximas horas y días se sumen nuevas detenciones, ya que de los 35 apuntados hay varios que no tienen domicilio en San Rafael.

De hecho, son 12 los que tienen residencia local y hasta ayer había dos cuyos paraderos no se podían determinar.

Los aprehendidos fueron alojados desde la noche del lunes en la penitenciaría sanrafaelina, aunque es probable que sean trasladados a otros penales de Mendoza.

En los casos de los ex comisarios Freire y Graín, sus defensores ya pidieron la prisión domiciliaria para ellos. Graín tiene 80 años y Freire 70. Las solicitudes, tanto de estos detenidos como las que seguramente presentará el resto, comenzarán a ser resueltas en breve por el magistrado.

Además, en el departamento está en instrucción el proceso que conducirá a la realización de un segundo juicio por delitos de lesa humanidad.

El anterior que se hizo en San Rafael –fue el primero celebrado en la provincia– terminó con la condena a cuatro imputados, entre ex militares y ex policías.

El juicio que destapó la olla
En agosto de 2010, luego del proceso de instrucción que llevó adelante el entonces juez federal Raúl Acosta, San Rafael fue el centro de la escena para lo que significó el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. San Rafael tuvo entonces el antecedente de ser el primer lugar de Mendoza donde se enjuició a personas vinculadas con el aparato represor de la última dictadura militar. En ese contexto, el 16 de noviembre de 2010, los cuatro imputados fueron condenados por el Tribunal Federal Nº2.

La condena, en cárcel común, recayó sobre el ex comisario Raúl Alberto Ruiz Soppe, el ex teniente coronel Aníbal Alberto Guevara, el ex policía del D-2 Juan Roberto Labarta y el abogado de la Policía Raúl Egea. Los tres primeros fueron condenados a prisión perpetua, en tanto que Egea recibió ocho años de prisión. El juicio tuvo una duración de cuatro meses, en los que concitó la atención de familiares, movimientos sociales y de derechos humanos, y buena parte de la prensa.

Esa histórica condena –la primera en Mendoza por ese tipo de juicios– se instruyó por las desapariciones forzadas de José Guillermo Berón, Pascual Sandoval, Roberto Osorio y Francisco Tripiana, ocurridas en el departamento en 1976. Berón era menor cuando fue detenido y luego desaparecido.

Durante este proceso, de un centenar de testimonios surgieron muchos nombres de personas que habrían estado vinculadas con servicios de inteligencia o a distintos hechos puntuales. Sobre varias de ellas se libró compulsa para investigar su participación y estas detenciones son una parte de eso.

Actualmente, otra de las causas insignia que se tramitan es por la desaparición de Aldo Fagetti, cuyo detalle particular es que se dio antes del 24 de marzo de 1976.



Los aprehendidos aún no están procesados

Conocida la noticia de las detenciones, la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) llamaron a una conferencia para expresar su conformidad con los procedimientos.

Mariano Tripiana –hijo de Francisco, uno de los desaparecidos y querellante en la causa– expresó: “Quiero destacar el arduo trabajo de la Fiscalía Federal leyendo legajo por legajo. Hoy nos encontramos en esta instancia gracias a aquellos que declararon en el juicio de 2010”.

Tripiana añadió: “Se han realizado diez detenciones, entre ellas las de Trentini, el ex comisario Pérez y Edgar Martín Ferreyra, periodista que estuvo en la parte de inteligencia militar”.

Explicó que la Justicia viene actuando en estos casos desde marzo, asegurando el derecho de defensa de los investigados, y que los pedidos de captura son el corolario de toda la investigación, que recién empieza. Los aprehendidos fueron detenidos para ser indagados y no están procesados. El juez tiene diez días para decidir el futuro de cada uno.

Mariela Herrera, letrada de la APDH (también querellante), señaló que esa entidad trabaja en posibles casos de niños apropiados en la zona y sugirió que cualquier persona que tenga dudas acerca de su origen se acerque a esas instituciones.



Conferencia de prensa. Habla Mariano Tripiana, hijo de Francisco, desaparecido durante la dictadura militar. A su lado, la abogada Mariela Herrera.


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