Mora Cordeu/Télam
Especial para UNO
En el libro Abusos sexuales en la Iglesia Católica, el periodista Jorge Llistosella aborda un tema muy delicado, la pederastia religiosa, en una exhaustiva investigación que aporta documentos, testimonios, casos concretos e, incluso, opiniones desde el ámbito del psicoanálisis y la justicia.

Aunque el libro aporta infinidad de datos hay un eje central del cual parte el autor: “La jerarquía católica vincula los hechos de pederastia a una condición pecaminosa. Y el pecado, dentro de la Iglesia, se resuelve con el arrepentimiento, la confesión, una penitencia y la deuda queda saldada. Mi teoría es que cuando hay un abuso sexual se comete un delito”.

“Es un hecho que le pertenece a la sociedad y debe ser juzgado por la Justicia del país donde se haya cometido. Esta es la diferencia que establezco”, resalta Llistosella.

Frente a una opinión pública mundial cada vez más sensibilizada por los casos de abusos sexuales cometidos por curas o monjas, las recientes declaraciones del papa Benedicto XVI pidiendo perdón por los sacerdotes abusadores no expresan, a juicio del autor, un cambio en el secretismo impuesto por la iglesia.

“Mi libro se ocupa de los últimos 50 años, sobre los abusos sexuales cometidos por religiosos en distintas partes del mundo, siempre bajo ese secreto protector que aplica el Vaticano”, subraya.

“El Papa pide perdón y no esta mal después de todas las cosas que han sucedido –continúa–, pero me permito dudar porque hasta ahora la actitud del Vaticano y la jerarquía religiosa fue ocultar, tapar y encubrir todos los hechos de pederastia”.

Hace un mes, menciona el investigador, “se les envió a todos los obispos una guía de procedimientos: “Si la denuncia de abuso es verosímil, los obispos tienen que mandar todos los datos al Vaticano y a partir de ahí se hace cargo la Congregación para la Doctrina de la Fe, un organismo de la Santa Sede que fue presidido por Joseph Ratzinger antes de convertirse en Benedicto XVI”.

Ese organismo es el que va a dictar sentencia, “y en casos muy específicos le puede pedir al Papa –sin juicio alguno– la decisión de reducir al presunto abusador al estado laical”.

El autor realiza para el libro una entrevista a Eugenio Raúl Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Él (Zaffaroni) especifica que para la legislación argentina en el caso de un abuso sexual –delitos de acción privada– es la víctima, o si se trata de un menor o discapacitado los padres o el tutor, los que deben hacer la denuncia para que intervenga la Justicia”.

“La Iglesia no está obligada a hacer la denuncia: ante la comisión de un delito –contra lo que todos creíamos– los únicos que están obligados a hacer la denuncia son los funcionarios públicos, y un sacerdote no lo es”, observa Llistosella.

Sin embargo, una información proveniente del Vaticano –que fue multiplicada por varias agencias internacionales– da cuenta de que el papa Benedicto XVI “podría promulgar en días” una especie de decreto, conocido como “motu propio”, con reglas más duras contra la pedofilia, incluso la obligación del obispo diocesano de denunciar al sacerdote culpable ante las autoridades civiles.

El tema de la sexualidad es analizado en “Abusos sexuales…” , que se distribuirá en Chile, Colombia, México, Venezuela y España, bajo la mirada del psicoanálisis: “El psicoanálisis dice que una persona no puede prescindir de su sexualidad, aunque admite que haya gente que pueda derivar su pulsión sexual a algo más etéreo como el reino de los cielos”, indica el investigador.

El libro también aporta información sobre la pederastia religiosa en distintos países: Estados Unidos, Chile, Uruguay, España, Irlanda, Austria, Italia, Polonia, Alemania, México y Brasil. Y tiene un extenso listado de sacerdotes abusadores en la Argentina, entre los que resaltan los casos del padre Julio César Grassi y el ex arzobispo de Santa Fe Edgardo Gabriel Storni.

“Tanto Grassi como Storni han tenido una condena judicial, lo que no fue un impedimento para que la Iglesia le comprara a Storni una casa de 100.000 pesos y además, como obispo emérito, cobra 7.000 pesos por mes. No es que a mí me parezca un sinvergüenza, está condenado por un juez y la condena esta firme”, manifiesta el autor.