Carolina Demaría y Laura Salvo –funcionarias de la Municipalidad de Capital– fueron sobreseídas por el juez de Garantías Carlos Benegas del delito de fraude a la Administración Pública.

Las mujeres habían sido imputadas por el ex fiscal de Delitos Complejos Eduardo Martearena porque –según el magistrado– ambas mujeres estaban trabajando en el estudio privado del actual jefe comunal de Capital, Víctor Fayad, mientras que sus sueldos eran liquidados por el Municipio.

En ese entonces, el intendente era Eduardo Cicchitti.

Actualmente, Demaría es directora general de Intendencia y Recursos Humanos, mientras que Salvo es secretaria privada del área.


El caso
La causa se había iniciado por una denuncia anónima en plena campaña electoral del 2007 –cuando faltaban ocho días para la elección de intendente–, filtrándose a la prensa no obstante encontrarse secreta, teniendo una amplia difusión.

La imputación de Martearena fue apelada por los defensores, quienes se oponían a la elevación a juicio pretendida por este fiscal.

El fallo de Benegas destaca que “no se ha probado que tanto Salvo como Demaría hubieran cometido delito alguno”.

Con respecto a la acusación de percibir un sueldo del Municipio sin cumplir con las tareas propias de su empleo, Benegas ha sido contundente al señalar que, “lejos de probarse esto, de la causa surgió más bien todo lo contrario, habiendo quedado perfectamente corroborado que las imputadas cumplían con sus funciones municipales”.

Uno de los abogados defensores de las dos acusadas señalaron: “Aportamos más de diez testimonios que resultaron perfectamente coincidentes en cuanto a la inexistencia del delito que se investigaba, pero el fiscal Martearena decidió no otorgarles valor a los mismos, o bien analizarlos parcial y subjetivamente”, remarcaron.


El valor de un testimonio
La fiscalía contó con la declaración de una ex funcionaria que había sido despedida por la actual administración y, pese a que había entrado en varias contradicciones, Martearena le dio pleno valor a su testimonial.

La opinión del juez de Garantías Carlos Benegas fue diferente, poniendo en duda tanto el valor de la prueba como la imparcialidad del testimonio.