“El déficit fiscal y el excesivo, creciente e insostenible nivel de gasto público” son las razones de fondo que explican el embate del Gobierno nacional para hacer uso de U$S6.569 millones de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Esa es la conclusión que ayer emitió el Consejo Empresario Mendocino (CEM) en su informe mensual de marzo en el que asegura que deja muy en claro, sin decirlo, que la decisión política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no tiene que ver con el pago de deuda externa como la mandataria lo ha expresado.
El CEM señala que “desde hace algunos años, el gasto público viene creciendo a un ritmo superior a los ingresos públicos. Durante el 2009, el gasto público del Estado nacional creció a un ritmo del 30% interanual, en tanto que los ingresos, incluyendo la recaudación, fondos de la ANSES y utilidades del BCRA, lo hicieron al 19%”.
Para el 2010 apunta una previsión que también juzga preocupante: “El Presupuesto nacional 2010 prevé un crecimiento de los gastos del 12%, muy por debajo de la tasa de crecimiento anual evidenciada en los últimos años”.
A la vez, “la inflación real se encuentra en torno al 20% anual, muy por encima del promedio regional y mundial, lo que complica la planificación y paraliza las decisiones de consumo e inversión de mediano y largo plazo”.
Agrega que “el gasto público consolidado (sumando Nación, provincias y municipios) llega en la actualidad niveles récord. En este sentido, cabe destacar que la relación entre gasto público y PBI (Producto Bruto Interno) ha venido creciendo consistentemente en los últimos años, alcanzando 38% en 2008, 43% en 2009 y diversos estudios prevén que alcanzará el 45% en 2010”.
El documento precisa que junto con esto el Gobierno nacional a elevado la presión fiscal y que “a los fines de financiar este gasto público, ha venido utilizando distintos mecanismos, tales como el incumplimiento de la Ley de Coparticipación Federal, el traspaso de los fondos de pensiones (AFJP) al sector público, el uso de adelantos al Tesoro y utilidades extraordinarias del BCRA”.
La entidad, que componen 18 de las más poderosas empresas mendocinas, no duda en su informe en afirmar que “el Poder Ejecutivo nacional ataca la institucionalidad de nuestro país, avasallando la autonomía del Banco Central, obviando al Congreso y desoyendo la voz del Poder Judicial, y pone en riesgo la estabilidad de nuestra moneda” con un solo fin: obtener “fondos frescos para financiar este nivel de gasto”. Y entonces remarca por qué ese avasallamiento institucional es peligroso: “Pone en riesgo la estabilidad de nuestra moneda, condición necesaria para preservar el poder adquisitivo de los salarios y luchar contra la pobreza”.
Detalla que el Gobierno nacional “incumple la Ley de Coparticipación Federal con las provincias apropiándose de sus ingresos fiscales, cuenta con un stock de unos $100 mil millones por el traspaso de los fondos de pensión de las AFJP”, que además genera “un flujo de $15 mil millones anuales destinado al gasto público”.
Y hay más. “ Según el Instituto Argentino de Economía y Finanzas, los adelantos del Tesoro de la Nación alcanzaron los $20 mil millones y el Gobierno nacional también hizo uso de U$S2.500 millones que el país recibió del FMI en Derechos Especiales de Giro. El giro de divisas formó parte del paquete de medidas impulsado por los presidentes del Grupo de los 20 (G-20) para enfrentar la crisis financiera internacional”.
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