El número de represores procesados por su presunta responsabilidad en casos emblemáticos
de violación de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet se elevó a 131.
La empresa de la industria farmacéutica acordó pagar 2.300 millones de dólares para resolver un caso en su contra por la “promoción ilegal” de varios productos, entre ellos el antiinflamatorio Bextra.