SAN MARTÍN– El primer caso y más escandaloso de la industria del juicio laboral en la zona Este es utilizado por estos días como una guía para las investigaciones de otros 12 hechos similares. Diario UNO tuvo acceso a los detalles de cómo se originó la maniobra y de qué manera se concretaron 222 demandas a una empresa.

El capital económico de Vivero Las Delicias –o su actual razón social, Carlos Massi e Hijos SRL– fue el objetivo que buscaban aquellos que se reunieron por primera vez a fines de octubre del 2008 en un galpón de acopio de ajos ubicado en el carril Chimbas, en Palmira.

Según la denuncia original que es base de toda la investigación, el hombre clave de toda la maniobra es un ex cuadrillero del vivero identificado como J.C., quien ya había sido despedido e indemnizado junto a otras 27 personas a principios de octubre del 2008, y que había logrado que también les cancelaran beneficios indemnizatorios a cinco personas que nunca habían trabajado para la familia Massi.

Para ese primer acuerdo conciliatorio J.C. –a la sazón jefe del Grupo de los 33, como se los llama en la investigación– se había contactado con el mismo estudio jurídico que hoy es uno de los dos involucrados en la causa del Grupo de los 222.

En la conciliación con el Grupo de los 33, los hermanos Massi decidieron pagarles también a los empleados falsos porque “resultaba más oneroso probar su falsa vinculación con la empresa que acceder a un arreglo extrajudicial”, se dice en las primeras fojas del expediente.

El éxito de esta primera maniobra “fue el disparador para que otros 222 supuestos empleados cursaran, con el patrocinio de H.L. y S.P. (socios de un estudio jurídico) y M.S. (socio en otro), los respectivos emplazamientos para que se les reconociera la antigüedad y se les efectivizara la diferencia de sueldos y otros conceptos que, de ser atendidos, constituyen una estafa en contra del patrimonio de la sociedad y sus integrantes”.

Las reuniones organizativas se realizaron en un galpón ubicado sobre el carril Chimbas, unos 700 metros al norte de la variante de Palmira, y el organizador fue –según la denuncia y las actuaciones del personal de Investigaciones de la zona Este– J.C.

A esta reunión concurrieron hombres y mujeres domiciliados en Chapanay, y los barrios Aguaribay y Villa Obrero, de Palmira. Para darle algún viso de veracidad a la demanda entre este grupo de 222 personas, se incluyó a 13 individuos que en un breve período realmente habían trabajado en Las Delicias pero que igualmente exigieron pagos de antigüedad, sueldos y montos indemnizatorios muy superiores a los reales.


La entretela del escándalo
En esas reuniones convinieron cómo sería el cruce de testigos y, curiosamente, en cada una de estas 222 demandas figuraría como principal referente laboral el ex cuadrillero J.C.

Con modelos efectuados en los dos estudios jurídicos mencionados en la investigación, se redactaron y enviaron, entre la primera y la segunda semana de febrero pasado, las 222 cartas documento a los Massi.

En el expediente judicial que se investiga en San Martín están adjuntos los 222 recibos del Correo Argentino por un monto total de $14.915, que debió pagar el abogado Jorge Rolando Consolini, asesor legal de la empresa, para rechazar cada una de las amenazas de demanda.