Mendoza
Domingo 29 de Julio de 2007  
 Estado del tiempo
BUSCAR
Buscador avanzado

Aumentar tamaño Reducir tamaño Enviar por mail Imprimir nota
Mendoza
Aumentaron 52% los secuestros judiciales en los últimos 5 años
Desde armas hasta lavarropas se guardan en piletas de la ex bodega Giol. Allí también se archivan expedientes y escrituras. Otra oficina revisa causas viejas: salva las valiosas y destruye las demás.

José Luis Verderico
jlverderico@diariouno.net.ar

En piletas y galpones de la ex bodega Giol, en Maipú, el Poder Judicial guarda una parte de la historia de Mendoza: incontable cantidad de expedientes y escrituras notariales y más de 500 mil elementos útiles para la investigación y esclarecimiento de casos criminales.

De 2002 a la fecha, la cantidad de secuestros aumentó 52%, de 87.000 a 132.788.

En otra sección, todas las causas son revisadas oportunamente: la mayoría se destruye y el resto se preserva porque interesa para la resolución de otros pleitos o porque resulta de interés público, social o patrimonial a través del tiempo.

Entre los bienes materiales secuestrados por orden judicial, los de mayor valor económico, menor tamaño y atractivo para la actividad delictiva se depositan en piletas con alarmas y sensores de movimiento y humo. Hay miles de armas de fuego, cortas y largas, todas sin poder de fuego (ver aparte), celulares y alhajas.

También se guardan en estas condiciones aquellos elementos valiosos sólo desde lo probatorio para un juicio: desde las prendas íntimas de una víctima de violación hasta el ladrillo que una persona usó para matar.

Los demás se depositan en un galpón techado. Hay tubos de GNC, electrodomésticos, muebles, las mesas y sillas de un bar que ya no existe, cubiertas, herramientas, la rueda de un tren y durmientes de un ferrocarril, dos semáforos destartalados y dos señales viales de Pare y Contramano.

Cartelería de un candidato demócrata de otras épocas, autopartes, computadoras, gatos hidráulicos, motos, el techo de un VW Gacel y la carrocería de un coche viejo que alguna vez fue un “De Luxe” con todas las letras completan el lugar.


Claves de la conservación
Contra lo que pueda creerse antes de entrar, en las piletas reinan el orden y la limpieza, indispensables para encontrar los expedientes, protocolos y secuestros que jueces, escribanos, ciudadanos y organismos de control impositivo piden en cualquier momento.

Rotulado y numerado, todo se guarda, dentro de las piletas, en estanterías de hasta 40 metros de largo y 5 metros de alto.

Desde sus oficinas administrativas en el predio, Secuestros Judiciales, Archivo Judicial y Destrucción de Expedientes se manejan con índices, ficheros y programas informáticos para dar ingreso y conocer rápidamente las ubicaciones.

Una recorrida por aquellas superficies, durante años destinadas a la elaboración de vinos, permite descubrir curiosidades: desde una causa judicial iniciada hace 106 años en San Carlos (ver aparte) hasta las causas de la caída del Banco de Mendoza.

Están las escrituras firmadas por el notario Ramón Leiva, titular del Registro número 1 de Mendoza, y por Elvira Calle de Antequeda, cuando ejerció la actividad notarial.

Todavía espera un fajo de 1.000 Lecop, los bonos que el Gobierno nacional sacó a la calle en 2001 para suplir la falta de dinero en el circuito financiero a causa del corralito.

Al archivo ingresaron expedientes de casos resonantes: los crímenes cometidos por los hermanos Leonelli hace casi 100 años y el asesinato del niño Yoryi Godoy en 1997.

El caso del psicólogo Flavio Piottante también pasó por Secuestros Judiciales: una valija con ropas del prófugo Mauricio Suárez, restos de balas y la tapa de una llave de luz manchada con sangre del asesino.



Una deuda de 1901 y Avelino Maure

La cubierta y las hojas del expediente están algo amarillentas y crujen cuando se las pasa de a una. Fueron escritas a mano, con tinta y caligrafía refinada y ampulosa, el 5 de marzo de 1901cuando Guillermo Díaz demandó a Arcadio Estrella por el cobro de $406,40.
Esta pieza fue encontrada el año pasado en la Oficina de Destrucción de Expedientes entre vieja documentación de la Justicia de San Carlos.

La causa no tiene valor jurídico pero sí histórico y patrimonial. Es la fotografía de una época. Será destinada al Archivo Histórico.

Otro hito del trabajo del sector es la separación –hace 7 años– para su conservación de la causa por el crimen del maestro Avelino Maure.


No todo se destruye
La destrucción está regulada por ley y supervisada por una comisión integrada por la Justicia, el Registro Público y el Archivo Histórico. “No podrán ser destruidos los libros de entradas de los juzgados, los juicios sucesorios, los vinculados a los derechos de familia o estado de las personas, los de quiebras o concursos, los relativos a los derechos reales y los que tengan algún interés histórico, jurídico, social o económico”.

Se toman las causas del Archivo Judicial vencidas, con sentencia firme o paralizadas. Se las revisa. La ley fija los plazos para habilitar la destrucción, que se hace en Las Heras.

Está a cargo de una empresa que le paga al Poder Judicial por cada kilo de expediente que se inutiliza.


Armas: doble impunidad

La Oficina de Secuestros Judiciales de Giol fue inaugurada hace cinco años tras el robo de 1.500 armas en el antiguo depósito de la Quinta Sección. El faltante fue detectado en el 2001. No fue producto de un solo atraco sino de muchos, durante varios años, según una comisión investigadora del Poder Judicial.

Antes, las armas se veían desde la calle. Hoy, en Giol, las medidas de seguridad son severas: las armas se desactivan (antes se guardaban intactas) y sólo dos personas tienen acceso. Entre otras están las policiales que mataron al chico del tren del carbón y a Gómez Romagnoli.

Sin embargo, la Justicia no pone tanto empeño para resolver las dos investigaciones que abrió y que están en la Corte (la administrativa) y en una Cámara del Crimen (la parte penal).

Tras el escándalo, el entonces presidente de la Corte, Pedro Llorente, ordenó una pesquisa interna. Se compararon las cantidades de armas durante 10 años: en Sargento Cabral siempre había muchas menos de las que la Justicia mandaba desde las comisarías.
Se imputó a varios funcionarios pero la Corte cajoneó esa causa hace años: la pidieron ad efectum videndi –para verla– pero no la devolvieron jamás.

En la Séptima Cámara del Crimen está la causa penal con seis imputados desde 2001: hay un policía, empleados judiciales y dos particulares. Un tercero fue asesinado un año después. Esa investigación terminó en el 2003.




Patrimonio. Esta causa fue tramitada hace 106 años en San Carlos.



Institucional | Staff | Receptorías | Cómo Anunciar | Negocios Digitales | Contactos

© 2005 UNO MENDOZA | Todos los derechos reservados | Mendoza - República Argentina