El juez de Garantías Ariel Spektor quedó a cargo de la investigación de dos casos paradigmáticos de desaparición de personas en democracia, que siguen impunes: Adolfo Garrido y Raúl Baigorria (1990), y Paulo Cristian Guardati (1992).

Spektor, ex juez de instrucción y titular del Primer Juzgado de Garantías, recibió las causas debido a la inhibición de sus pares Carlos Benegas (en Garrido-Baigorria) y Marcos Pereira (en Guardati). Actualmente las tiene en su despacho, situado en el costado sur del Palacio Judicial. Desde el pasado 4, Spektor se convirtió en el juez Nº11 que tiene la responsabilidad de investigar el caso Guardati.

Los expedientes de Garrido-Baigorria y Guardati acumulan más de 7.000 fojas que registran todo tipo de actuaciones: declaraciones testimoniales, oficios judiciales para estudios de ADN, órdenes de allanamiento y autorizaciones para exhumar tumbas en el Cementerio de Capital y excavar en patios de viviendas y terrenos baldíos del Gran Mendoza.

Spektor tiene hasta fin de año para resolver ambos casos criminales, según el plazo estipulado por la Suprema Corte cuando creó los juzgados de Garantías y los abasteció de varios cientos de expedientes que años atrás habían comenzado a tramitarse en cuatro juzgados de instrucción finalmente disueltos: el Tercero, el Cuarto, el Sexto y el Séptimo.

Las causas penales iniciadas en 1990 y 1992 por las desapariciones de Garrido, Baigorria y Guardati pasaron por el Séptimo Juzgado de Instrucción. Más precisamente por el despacho del actual camarista en lo Criminal y titular de la Asociación de Magistrados, Gonzalo Guiñazú.

Cuando esta dependencia fue cerrada, en el 2005, por entonces a cargo del actual fiscal Eduardo Martearena, con motivo de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, todas las actuaciones del caso Garrido-Baigorria pasaron a manos de Benegas.

Este magistrado se apartó automáticamente porque el abogado Diego Lavado lo había denunciado ante el Jury de Enjuiciamiento por su desempeño en la causa. Así, el caso pasó a manos del juez que seguía en la lista: Spektor.

A comienzos de este mes le llegó al magistrado otra noticia sorprendente: también el caso Guardati quedaría bajo su responsabilidad, porque el juez Pereira se apartó por haber intervenido en la década del ’90, mientras era fiscal de instrucción.

Leer ambos expedientes desde las primeras hojas escritas a máquina es lo único que puede hacer Spektor, teniendo en cuenta que se trata de causas muy voluminosas. ¿Acaso alguien cree que puede pasar algo nuevo cuando ya transcurrieron 17 y 15 años desde las desapariciones?
Interesante será saber qué decisión tomará la Corte a fin de año, cuando a Spektor se le termine el plazo para resolver.

Aunque la norma original prevé que todas las causas heredadas de los extinguidos juzgados de instrucción sean remitidas a las fiscalías del Gran Mendoza para continuar allí sus procesos, esta decisión podría ser prorrogada. Fundamentalmente, para que casos tan antiguos no compliquen el creciente trabajo diario de los fiscales.

Sin embargo, abogados de las familias de Garrido, Baigorria y Guardati reiteran un pedido que aún no tiene eco: que los expedientes pasen a manos de los fiscales de Delitos Complejos. Caso contrario, aseguran, las desapariciones de Garrido, Baigorria y Guardati seguirán impunes.