A causa de una larga enfermedad de carácter terminal, cuyo tratamiento no logró soportar, falleció ayer a los 61 años la jueza Iris Guarna, titular del Segundo Juzgado de Garantías (antiguamente de Instrucción), quien fuera la segunda mujer en la historia judicial local en ocupar ese cargo, que detentó durante unos 15 años.

No obstante, su carrera judicial se había iniciado en las primeras Defensorías Penales de Pobres y Ausentes, creadas por la Justicia en 1987. Antes de eso se desempeñó por un largo período como abogada de la DGI. Sus estudios los llevó a cabo en la Universidad de Mendoza, de donde es egresada.

El deceso se certificó a las 12.55 en el servicio de terapia intensiva de la Clínica Cuyo a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

Sus restos son velados en la sala de calle Maipú 636 de Ciudad y serán sepultados a las 10 en el Parque de Descanso, en Guaymallén.

Su muerte sorprendió no sólo a sus familiares sino a amigos, colegas y allegados, ya que hasta hace un par de semanas trabajó con normalidad y los contratiempos de su enfermedad los sobrellevaba, bajo control médico, sin mayores inconvenientes.

Iris Guarna era madre de dos hijos, ya mayores de edad: Verónica Romano, actual defensora oficial de Pobres y Ausentes de la Justicia federal, y Nicolás Romano. Había estado casada con Otilio Romano, juez de la Cámara Federal de Apelaciones, de quien se divorció en los últimos años.
La magistrada tuvo bajo investigación durante su carrera algunas causas de altísimo voltaje público como el caso de la desaparición a manos de la policía mendocina de Cristian Guardatti en la década del ’90, causa de la que se apartó porque fue recusada.

También intervino en la administración fraudulenta por los préstamos irregulares en el viejo Banco de Previsión Social, y el caso de las coimas de los ex concejales de Godoy Cruz, denunciada por Mauricio Guzmán, que arrastraría la renuncia de medio Concejo Deliberante y el procesamiento judicial de una buena parte de los ediles acusados.

Pero el último caso que la puso en máxima exposición pública y en medio de un enfrentamiento institucional entre el Gobierno y la Justicia fue la autorización del frustrado allanamiento a la Legislatura, motorizado y solicitado formalmente por el fiscal Alberto Camargo, que derivaría en un escándalo político ya que se pretendía investigar una presunta irregularidad en la sanción de la reforma del artículo 151 de la Constitución, que prohibía la indexación salarial de los sueldos de los jueces.

El caso derivó en la destitución del fiscal Camargo, a quien el Jury de Enjuiciamiento responsabilizó de haber motorizado una medida en forma infundada y fuera de jurisdicción. En cambio avaló la actuación de Guarna, a la que consideró sujeta a derecho.