Los representantes de las comunas mendocinas que ya tuvieron experiencia en reclutar civiles para prevenir delitos opinaron que este tipo de guardias no sirve para bajar los índices del delito grave.

Así lo expresaron a Diario UNO Omar Parisi, intendente de Luján, y Jorge Molina, presidente del Concejo Deliberante de Capital, luego de la reunión que mantuvieron los intendentes de los departamentos del Gran Mendoza con el ministro de Seguridad, Alfredo Cornejo, quien los interiorizó sobre la idea de esa cartera de reclutar civiles para vigilar las plazas y los barrios.

Luján comenzó con esta idea hace unos meses a través de los empleados de limpieza de las veredas y los cordones, los troceros, quienes recibieron cursos de capacitación para detectar grupos con problemáticas sociales que pudieran convertirse en alguna amenaza.

En este sentido, el intendente de ese departamento, Omar Parisi, señaló que “a nosotros nos está funcionando y también estamos sumando al personal de recolección de los camiones, pero sólo sirve para prevenir delitos menores o faltas contravencionales, pero no es una solución ni va a terminar con el delito”.

Sin embargo, destacó que su departamento cuenta con la tasa delictiva más baja de la provincia “y toco madera”, cabuleó. Pero le otorgó la responsabilidad de ello a que “tenemos buenos comisarios e hicimos un programa de prevención con balizas fijas que se van poniendo en algunos lugares donde se controla quién sale y quién entra (al departamento) y eso sirve”.

Alertó que “es una locura hacerlo en zonas rojas pero en algunas áreas como espacios abiertos es una ayuda”, aunque opinó que la vigilancia tiene que ir de la mano de utilizar los espacios públicos con movidas culturales. “La gente tiene que salir a la calle para usarla y que no queden los espacios vacíos, con actividades deportivas, educacionales y recreativas que se dejaron de hacer y trajeron estas consecuencias”, subrayó.

Prevención versus represión
También desde la experiencia, aunque en este caso fallida, el presidente del Concejo capitalino, Jorge Molina, concordó con Parisi en que la vigilancia civil sólo sirve para prevenir contravenciones y delitos menores.

Aceptó que la policía comunitaria de Capital falló y adjudicó el fracaso a que “ellos confundieron el rol de prevención a represión”, y alertó que cuando se usa el término policía se interpreta como una labor de represión y por eso le señaló a Cornejo que había que tener cuidado con el nombre que le ponían al cuerpo civil al tiempo que le aconsejó que el rótulo debía dejar bien claro que se trata de una tarea preventiva.
Molina señaló que, si bien en Capital nunca tuvieron un caso de algún guardia amenazado o “apretado”, consideró que la vigilancia no debía estar en manos de vecinos del mismo barrio (que es la idea de Cornejo) sino de otras zonas para que los delincuentes no puedan ubicar al vigilante y tomar represalias contra él.

Un proyecto de ley que podría obtener sanción definitiva esta semana es el de juicio directísimo, procedimiento indicado para la persona que es hallada in fraganti cometiendo un delito.

Se trata de delitos con pena de 3 a 15 años, los que según Carlos Ciurca, presidente de la Bicameral de Seguridad, serían enjuiciados y sentenciados en 48 horas, proceso que hoy demora un año y ocho meses.

“Se estima que en el 2006, de los 100.000 delitos cometidos 30.000 fueron con aprehensión in fraganti. Por eso se hará una prueba piloto con el Cuarto Juzgado de Garantías, de Manuel Cruz Videla, que es uno de los gestores del proyecto, y la Fiscalía Número 11, de Guaymallén, a cargo de Alejandro Iturbide. Faltaría la figura de Defensor, porque el principio constitucional de derecho de la defensa estaría garantizado como corresponde”, enfatizó el legislador justicialista.

Ciurca añadió que la experiencia realizada en Mar del Plata demostró que el 52porciento de las personas son atrapadas antes, durante o justo después de haber cometido un delito. Si la ley es sancionada la prueba piloto se haría en 60 días.