BUENOS AIRES– La investigación judicial por el presunto pago de sobornos por parte de la empresa constructora sueca Skanska para la ampliación de dos gasoductos, encendió en el gobierno de Néstor Kirchner la primera luz de alarma por cuestiones de corrupción durante su gestión.

Es que el hecho se inició como un caso de evasión fiscal, creció luego como un escándalo de proporciones por el supuesto pago de coimas y se desencadenó, nada menos, que en un año electoral.

El denominado “caso Skanska”, por el cual hay dos personas detenidas y 23 empresas involucradas, ya provocó el descabezamiento de la cúpula local de la constructora sueca y allanamientos en firmas argentinas y dependencias oficiales dependientes del ministro Julio De Vido, hombre fuerte del Presidente.

La investigación fue iniciada en noviembre de 2005 por el juez en lo Penal y Económico Javier López Biscayart, quien lleva la causa por evasión fiscal contra Skanska.

El magistrado descubrió que la firma sueca había facturado a favor de empresas fantasma para inventar gastos y evadir impuestos.

Esta situación disparó una ola gigante que salpicó varias empresas de servicios públicos privatizados.

El enlace con el Gobierno surgió porque la ampliación de los Gasoducto del Norte y del Sur, encaradas por Skanska y la empresa TGN, debe contar con la supervisión del Enargás, un organismo oficial.

Allí, aparecieron sobreprecios superiores al 150% y la Justicia sospecha que se pagaron coimas por $17 millones, por lo que comenzó la investigación para determinar si en esa sobrefacturación y reparto de dinero también participaron los funcionarios del Estado, y hasta adónde trepa la responsabilidad, si la hubiere.

En el marco de la causa, López Biscayart no sólo allanó la empresa Skanska, sino que también fue al Ministerio de Planificación y al Enargás.

Asimismo, el juez ya tiene determinado que Infiniti Group, la empresa fantasma que nutrió a Skanska de mayor cantidad de facturas, es una asociación ilícita, por lo que ya hay once procesados, dos de ellos detenidos. En paralelo, López Biscayart empezó a investigar qué vínculos tiene Infiniti y de ese modo dio con Sol Group y su posible vínculo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, la trama de esta causa comenzó a tornarse más compleja aún cuando irrumpió en escena el juez federal Guillermo Montenegro y el fiscal Carlos Stornelli, quienes tomaron la denuncia de un diputado del ARI sobre la presunta participación de funcionarios.

Por tal motivo, ahora resta que la Cámara Penal Económica resuelva si el caso queda en manos de López Biscayart o de Montenegro.
Semanas atrás, el Gobierno a través del ministerio de De Vido respondió a un pedido de informes de Montenegro, que investiga el posible pago de coimas. Ese escrito, firmado por el subsecretario legal del Ministerio de Planificación, Rafael Enrique Llorens, afirmó que tanto las obras de la ampliación del Gasoducto Norte como los fondos para su financiamiento mediante un fideicomiso fueron privados y agregó que no hubo licitación pública para seleccionar a las empresas, sino contrataciones a cargo de TGN (Transportadora de Gas del Norte).

Sin embargo, en la Justicia federal no están de acuerdo con este enfoque que, de prevalecer, los dejaría sin nada que investigar, pues no habría funcionarios públicos ni dinero público en danza.

El jueves último, el Consejo de la Magistratura desestimó por “improcedente” una denuncia del ministro Aníbal Fernández contra el juez López Biscayart, pero hay otra denuncia anterior en su contra a empezó a moverse en la Magistratura.

El incidente se produjo cuando el magistrado del fuero tributario decidió el traslado de un penal a una sede policial de Adrián Felix López, uno de los dos detenidos por la causa, por razones de seguridad.

El juez había declarado inconstitucionales resoluciones ministeriales por las cuales se prohibió ese tipo de detenciones en sedes policiales.

Fernández, por su parte, sostuvo que López Biscayart “avasalló” las funciones de la cartera política, pero no pidió el juicio político del magistrado. El Consejo cuya mayoría es dominada por el Gobierno no le dio la derecha.

Así, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, cargó tintas contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que encabeza Jorge Telerman, al asegurar que “es el único responsable por estas facturas de Sol Group”.

Con estas acusaciones, Fernández salpicó hasta al animador televisivo Marcelo Tinelli, dado que la productora Ideas del Sur se encuentra entre las empresas que facturaron para el Gobierno porteño. Esto provocó la rápida reacción del animador, quien calificó al jefe de Gabinete como el “(José) López Rega de Kirchner”.