En una fuerte señal hacia las entrañas de la fuerza policial, el Ministerio de Seguridad desactivó ayer a 41 efectivos sin esperar sentencia firme, enviándolos a la casa y en algunos casos hasta quitándoles la mitad del salario, por estar acusados de hechos ilícitos o graves irregularidades administrativas.

La decisión fue tomada ayer por el ministro Miguel Ángel Bondino, quien pasó a disponibilidad a 33 policías, mientras que el subsecretario de Seguridad, Raúl Levrino firmó la suspensión y pase a pasiva de otros ocho a pedido de la Inspección General de Seguridad.

Los casos datan de hasta un año de antigüedad y prácticamente todos se caracterizan porque, ya sean sumarios o causas judiciales, en estos expedientes aún no se ha concluido si los uniformados son inocentes o culpables. Sin embargo el ministerio se ha amparado en las facultades que le da la Ley 6.722 para separar a los afectados temporalmente por razones de funcionalidad y seguridad.

Altas fuentes del ministerio señalaron que “el mensaje para los uniformados es que vamos a ser rigurosos con quien se meta en problemas. Con esta medida le estamos pidiendo a la fuerza mejores resultados y también le estamos dando mayor apoyo al policía que es eficiente y da todo por la institución”.

Los 33 que pasaron a disponibilidad deberán volver a su domicilio y esperar allí que el ministerio les asigne un nuevo destino. Mientras tanto pierden el cobro del presentismo, los cupos de recargo (horas extra) y los servicios extraordinarios. Cuando se les defina su nuevo destino, entonces volverán a la actividad y a cobrar el sueldo normalmente.

Mientras, quienes pasan a pasiva, son suspendidos y cobran sólo el 50% del salario hasta que se defina la investigación administrativa o judicial a la que estén sometidos.


Hipertrabajadores
Entre los casos más graves llamó la atención el de cuatro policías que trabajaban con los “superfiscales” de Delitos Complejos y que fueron suspendidos por acreditar la realización de diversos servicios que al parecer se superponían, por lo que eran de imposible cumplimiento.

Un confidente lo graficó así: “Para ellos el día tenía 48 horas”. Lo cierto es que los uniformados acreditaban servicios extraordinarios de vigilancia y viajes en comisión a otras provincias en días y horarios similares. Cuando no, se superponían con una excesiva prestación de horas extra.

En Recursos Humanos y en la Inspección de Seguridad no tardaron en concluir que por las innegables leyes de la física, estos sacrificados policías no podían estar trabajando en dos lugares distintos y distantes a la vez. Esto motivó una investigación y la Inspección finalmente solicitó la suspensión. Otros cuatro casos similares fueron detectados también en otras dependencias policiales.

El otro caso importante fue el de la mafia del GNC, denunciada por un policía autoexiliado en España, caso por el que también hubo sanciones.