BUENOS AIRES (NA)– Los jueces federales Norberto Oyarbide y Raúl Héctor Acosta trabajan contra reloj para redactar los exhortos de extradición que deberán presentar ante la Justicia española, a fin de traer al país a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, a quien investigan en causas por crímenes de lesa humanidad.

Desde la fecha en que libraron las respectivas órdenes de captura internacional, ambos magistrados cuentan con 40 días para realizar el trámite y lograr que la ex mandataria se presente en sus juzgados para prestar declaración indagatoria.

En la causa que lleva adelante el juez Acosta, en San Rafael, se intenta determinar la responsabilidad de Isabel Perón en los crímenes cometidos durante su gobierno tras la firma del decreto que ordenó la “aniquilación” del accionar de la subversión, mientras que Oyarbide investiga los delitos cometidos por la Triple A durante su administración.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores adelantó que tramitará con “la urgencia del caso” los exhortos de extradición en la medida que los vaya recibiendo, al tiempo que confirmó que ya tiene en su poder copias de los pedidos a Interpol por la captura internacional de la ex presidenta.

Por ese motivo, tal como lo indican los acuerdos de extradición vigentes con ese país europeo, las autoridades españolas esperan que la Argentina (vía Cancillería) solicite la extradición de la ex presidente, quien ya rechazó ese procedimiento en la causa que lleva adelante Acosta.

El viernes de la semana pasada, Isabel Perón, de 75 años, fue detenida en cumplimiento de una orden librada por la Justicia Federal de Mendoza y puesta en libertad condicional pero con arresto domiciliario en las afueras de Madrid.

En tanto, Oyarbide anticipó que solicitará formalmente a España su extradición, habida cuenta de que ya se negó a ser extraditada voluntariamente al ser detenida en la otra causa.

“Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos que se investigan en autos, que ya existe en su contra un pedido de captura vigente, y que la nombrada se encuentra fuera del país, dispóngase su detención a nivel nacional e internacional”, explicó el magistrado en la resolución dictada el martes, cuando solicitó su captura.

El juez federal porteño investiga los crímenes cometidos por la organización parapolicial presuntamente liderada por el ex ministro de Bienestar Social José López Rega e intenta establecer el vínculo que tenía con ella la viuda del ex presidente Juan Domingo Perón.

En tanto Atilio Neira, abogado de Isabel Perón, aseguró ayer que la ex presidenta tenía la voluntad política de “someter a la ley y a la Justicia a los detenidos” que apresaron las Fuerzas Armadas durante su gestión.

Neira sostuvo que luego de firmar un decreto en el que se daba órdenes a los militares para “aniquilar el accionar” de la subversión, Isabel firmó una norma que ordenaba poner “inmediatamente a disposición de la Justicia” a los detenidos.

Además, aseguró que la viuda de Perón envió “numerosos proyectos de ley” al Congreso para determinar los “procedimientos a seguir por la Justicia Federal” sobre los detenidos por parte de las Fuerzas Armadas.

Si bien reconoció que los proyectos “no fueron tratados”, consideró que esas medidas determinan que la ex presidenta tenía la voluntad política de “someter a la ley y a la Justicia a los detenidos”.