Bendecida por la ley, el escandaloso caso de la joven diputada peronista de General Alvear, Leticia Mayorga, quien saltó a la fama por contratar como secretario privado a su padre y como asesores a su hermano y la esposa de su padrino. Estos cobran salarios que oscilan entre los $1.200 y $1.500 aun no asistiendo casi nunca a la Legislatura. Sin embargo, “es legal y reglamentariamente no reprochable”.

Así lo confirmó a UNO el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, el radical Andrés Marín, quien se enteró de la novedad camino a Buenos Aires y que recién regresará mañana luego de participar en el acto de los radicales K liderado por el gobernador Julio Cobos.

Marín dejó en claro que no hay impedimento o sanción prevista para estos casos y sólo arriesgó: “Al menos es éticamente condenable”.

Mayorga quedó en boca de todos en las últimas 72 horas tras las revelaciones emitidas por radio Nihuil, en donde ninguno de sus dos asesores y parientes pudo explicar en sendas entrevistas telefónicas qué servicio prestaba para la legisladora sureña.

De las notas periodísticas se dedujo que el hermano asesor y su padre secretario atienden la sanguchería familiar en Alvear. Un empleado de allí confirmó que “están aquí de lunes a lunes”. La otra asesora es ama de casa y apenas atinó a responder que “se me quema el cable del teléfono”, antes de cortar la comunicación.


Poder discrecional
Con el justicialismo ya resuelto a no sancionarla por entender que la ley permite su accionar, quedaba ver qué harían los radicales.

El oficialista Andrés Marín, titular de la Cámara Baja, no prometió demasiado: “Cuando llegue el lunes veré qué repercusión hay”.

Ante la consulta de este diario, explicó con precisión cómo funciona el controvertido tema en la Legislatura: “En estos casos el legislador tiene poder discrecional”.
Marín dio cuenta de que “cada diputado tiene tres empleados a su cargo que él nombra y controla. Son el secretario privado y dos asesores. Y cada diputado determina si el secretario y los asesores tienen que asistir a trabajar o no a la Legislatura, qué tipo de tareas deben hacer, en qué lugar y a qué hora”.

Para que quedara bien claro, el radical remarcó que “es a tal punto así que las autoridades de la Cámara y de los bloques no controlan allí ni se meten porque reglamentaria y legalmente no corresponde”.

“Al personal de la Cámara –precisó– lo controlo yo como presidente. El de los bloques, los jefes de bloque y a los empleados de los legisladores, lo controlan ellos. Es una cuestión de ellos”.

Así, los diputados no deben explicar al Estado ni a quién contratan ni por qué. Tampoco qué tareas realizan ni llevar una planilla de asistencia laboral. Basta con que el legislador firme una certificación en donde acredita que sus empleados cumplieron con los servicios prestados para que el Estado abone contante y sonante sin preguntar.