Ser sanguchero es una tarea digna como cualquier otra. Pero de ahí a justificar que ese oficio puede servir para ser asesor de una diputada provincial, hay mucho trecho.

¿En qué puede asesorar un sanguchero a una legisladora que debe analizar, proponer y votar leyes?
En nada, salvo que alguna vez se necesite una opinión sobre un proyecto de ley que tenga que ver con el negocio de la comida rápida o de los deliveries.

Pero para eso no es necesario que el sanguchero sea empleado fijo del Estado.


Para mí, sin condimentos
Esta semana, los mendocinos hemos sido anoticiados de que la diputada provincial justicialista Leticia Mayorga, representante del pueblo del Sur mendocino, una mujer que se llena la boca autocalificándose de “militante”, tiene contratados (con plata nuestra) a dos dignos sangucheros alvearenses.

Uno es su progenitor, don Reinaldo Mayorga, quien oficia (o debería hacerlo) en calidad de secretario privado de la diputada con un sueldo mensual de $1.500. El otro es un hermano de Leticia, el señor Nelson Mayorga, quien oficia (o debería) como asesor de la muchacha, con un haber mensual de $1.100.

Sin embargo, y pese a que entre ambos embolsan $2.600 por mes, en la Legislatura nadie los conoce.

Ocurre que ambos se desempeñan “de lunes a lunes” (según lo relatado por empleados de estos emprendedores) en El Gran Lomo, un local de comidas rápidas situado en el centro de la sureña ciudad de General Alvear, a 360 kilómetros de esta capital.


Periodistas de eme
El asunto fue dado a conocer –otra vez– por la prensa. No lo denunció ninguno de esos costosos organismos de control del Estado. Y ni siquiera alguna de esas enjundiosas ONG que dicen servir al interés ciudadano. Y mucho menos la propia política para autodepurarse.

Todo indicaría que estamos ante uno de los tantos casos de nepotismo (usar plata estatal para contratar a parientes) y de ñoquismo (cobrar sin trabajar) que envenenan a los tres poderes del Estado provincial, pero muy especialmente a la Legislatura y al Ejecutivo, aunque, como ya se ha informado (también por la prensa), ni el Poder Judicial se salva de estos atropellos.

En la Justicia hay que pasar, por lo menos, por el filtro de los concursos, metodología que debería ser obligatoria para acceder a cualquier puesto del Estado. En realidad es obligatorio, pero la clase política se pasa dicha obligación por esa zona de la genitalidad masculina donde se producen los espermatozoides.


Conchabo SRL
Conchabar a parientes con dineros del pueblo es una flagrante violación ética de los funcionarios que lamentablemente no estaría penalizada. Y que, por el contrario, es alentada por conocidos dirigentes políticos quienes ante los micrófonos se presentan con un espiche de saneamiento partidario pero que, sin embargo, terminan apañando las peores prácticas hacia dentro de los partidos y en los cargos públicos.

Los ciudadanos no votaron por los familiares de Leticia Mayorga. Votaron sólo por ella, y muchos de los que querían votar al PJ lo hicieron porque Mayorga iba en una lista sábana y no tenían otra opción.


La “star” semanal
No hay que olvidar que “la diputada estrella de la semana” accedió a una banca porque el legislador que la antecedía, Walter Neher, murió en un accidente de tránsito.

Uno no quisiera tener que decir esto, pero la Legislatura es una cueva. Todos las semanas tenemos un escándalo. Los legisladores dan un espectáculo lamentable en cada sesión. Nadie respeta a nadie. Nadie escucha al orador. Todo parece una joda. Y no aprenden.


El efecto Beatriz
Hace unos días fue el caso de la senadora Beatriz Pedernera, también justicialista, acusada por la Justicia de usar en provecho propio viáticos del Estado. Este hecho explotó sólo cuando lo denunció la prensa.

En los papeles esos viáticos aparecían como utilizados por asesores de Pedernera en viajes relacionados con la actividad de la senadora, pero en realidad le habrían servido a esta señora justicialista para salir de vacaciones.

Pedernera es otra de las legisladoras a las que no se les cae de la boca el autocalificativo de “militante”, al que estas mujeres parecieran querer darle el significado de poco menos que “apóstol” o cosa parecida.


Destiñen
En realidad se trata de punteras partidarias que al llegar a tan alta distinción republicana (ser elegidas por el voto popular, ser representante del pueblo) se les destiñe rápido la militancia y se dedican a llevar agua para su molino con ayuda de la mayor cantidad posible de parientes.

El verdadero militante debe poseer una fuerte actitud de servicio y debe cuidar al milímetro el centavo republicano.

Lo hemos dicho hasta el cansancio: los funcionarios del Estado, sobre todo los elegidos por el pueblo, deben tener buenos sueldos. Pero se les debe “cortar la mano” ante el menor hecho de supuesto desapego de las normas republicanas.


¡A zafar, que se acaba!
Pedernera y Mayorga (como muchas “otras y otros” cuyos casos aún no han saltado a la consideración pública) están demostrando que para ellas lo esencial es utilizar esos cargos para zafar económicamente mientras se pueda.

Y que esas becas deben durar el mayor tiempo posible para poder servirse de la política partidaria, que parece haberles dado en bandeja esa papita.


Poder desviado
No hay democracia sin Legislatura. Lo primero que anulan las dictaduras son las legislaturas, los parlamentos. Pero los políticos insisten en ignorar ese precepto vital de toda democracia.

En materia de derecho administrativo, estas cosas se llaman “desviaciones de poderes”, y basta que alguien las denuncie ante un magistrado para que esto tenga un tratamiento judicial.

En el caso de Pedernera, el tema ya está en manos de la Justicia. Y la senadora ha pedido licencia sin goce de haberes.

Ahora habrá que seguir de cerca la actitud de los referentes partidarios e institucionales con respecto a Mayorga.

Es inaceptable que nadie en las dos cámaras legislativas controle la asistencia de sus empleados. Nadie dice que las máximas cabezas del Poder Legislativo tengan que andar oficina por oficina controlando al personal, pero es evidente que alguien tiene que hacer ese trabajo.

Alguien debe bajar la orden de que los ñoquis tienen que desaparecer, alguien debe recordarles a los senadores y diputados la obligación moral que tienen respecto a colaboradores que contratan con plata del pueblo.

Si don Mayorga y su hijo Nelson quieren seguir cobrando sueldo estatal, deberán trabajar de lunes a viernes en la Legislatura. Si no, deberán renunciar y seguir con lo suyo en El Gran Lomo, donde, dicen, no lo hacen nada mal.