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jueves 11 de agosto de 2016

Para prevenir lavado de activos, la UIF aplicará controles por sectores

"Queremos un buen blindaje en el sector financiero, para que no se vuelquen activos provenientes de delitos y se transformen en dinero sano".

La actualización de las normas sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo sigue una tendencia global y en el caso argentino prevé controles segmentados por sectores, que no entorpezcan el normal desarrollo de la economía, anticiparon funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF).

"Queremos un buen blindaje en el sector financiero, para que no se vuelquen activos provenientes de delitos y se transformen en dinero sano", dijo el director del Régimen Administrativo Sancionador del organismo, Agustín Pesce, durante una jornada en la Bolsa de cereales.

María Celeste Plee, directora de Supervisión de la UIF, dijo: "Las nuevas inspecciones buscarán entender el negocio, cómo opera, para que el sujeto obligado de informar conozca a su cliente y sepa cuál es el origen de los fondos que maneja".

Durante la actividad, organizada por el Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de cereales, Pesce resaltó que el sistema de prevención apunta a "un sistema económico y financiero íntegro, sin capitales sucios derivados del narcotráfico, la evasión, la trata o la corrupción".

El funcionario defendió el reciente traspaso de la UIF desde la órbita del Ministerio de Justicia a Hacienda y Finanzas, "como ocurre en Estados Unidos, donde el organismo afín actúa en el ámbito del Departamento del Tesoro, y en otros países desarrollados, para lograr un sistema sólido y genuino de capitales".

Pesce destacó, además, que la unidad antilavado procura obtener "información de calidad de parte de los sujetos obligados, no reportes defensivos, para garantizar el correcto flujo de información en tiempo y forma, hacer el análisis y generar el caso judicial, si corresponde".

Plee justificó la diferenciación normativa por sectores, porque "hasta ahora se utilizaba la misma lógica y metodología para el conjunto, lo cual configura un error técnico" y prometió una "simplificación normativa", ya que "se piden manuales, procedimientos, auditorías y sistemas de monitoreo que para muchas empresas son de imposible cumplimiento".

Según Plee, a partir de 2011, cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) puso al país en la "lista gris", por no cumplir 44 de 45 puntos requeridos, se dictaron múltiples normas y se vigiló su estricto cumplimiento.
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