DiarioUno.com.ar | Mendoza

La Justicia en la Argentina atraviesa un momento de letargo mortal. Algunos sectores viven una realidad que los pone dentro de un estado de somnolencia profunda y prolongada. Recientemente se conocieron detalles del colapso que sufren los tribunales de todo el país: causas paradas, falta de personal para afrontar las investigaciones, juzgados con graves problemas de infraestructura. La conclusión es lamentable y arroja una sentencia preocupante: cada vez es más difícil impartir justicia.

El obstáculo que pone en jaque a este poder termina siendo funcional a la impunidad que engloba al país. Ésta es la principal inseguridad reinante, más peligrosa que la termina con la vida de miles de argentinos.

Esta situación límite generó que los jueces de todo el país encabezasen una manifestación inédita que pasó desapercibida.

El reclamó sólo se escuchó en el sector, pero desde la Federación de Magistrados propusieron expandir la mediación como mecanismo de solución de conflictos.

Las cifras que arrojaron son alarmantes: un total de 4 millones de conflictos judiciales por año y un promedio de 900 causas nuevas por juzgado en la Capital Federal y 4.000 en el interior del país.

La coyuntura simplifica la idea de que en determinadas materias y lugares no hay justicia, lo que afecta la legitimidad de un Poder del Estado.

Desde el Estado tampoco se esfuerzan en sostener de manera sólida un argumento que se contraponga a esta idea de inseguridad jurídica. Hay graves problemas estructurales a la hora de llevar adelante una investigación policial.

El colapso de la Justicia no es el único dato que termina siendo funcional a la impunidad reinante. Hay señales desde el Estado que dejan marcas indelebles.

Hace más de un mes que el Banco Nacional de Datos Genético que depende del hospital Durand está paralizado. Un saldo cercano al millón de pesos retenido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le impide comprar en el exterior reactivos químicos necesarios para avanzar con diferentes pericias clave en investigaciones policiales.

Es decir, no se pueden obtener resultados de la muestras de ADN, por ejemplo, de un sujeto acusado de violación. En la cuenta bancaria de la entidad sólo quedan ciento veinte pesos que no alcanzan para comprar reactivos como PowerFlex o Identifailer.

El rol que cumple el banco es clave en la investigación policial. A modo de ejemplo, enmarañados entre la burocracia estatal quedaron paralizadas pericias fundamentales sobre el aberrante crimen de Mara Matheu, la chica de 16 años que fue hallada muerta en los médanos de una playa céntrica de Santa Teresita en marzo de 2008.

El área se creó en 1984, producto de una ley nacional, con el objetivo de facilitar la búsqueda e identificación de los hijos e hijas de personas desaparecidas entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 que hayan sido víctimas del terrorismo de Estado. Por estos días, más de cuarenta jóvenes por semana visitan el banco en busca de establecer su identidad. La respuesta del Estado es clara: no hay plata para estas cosas.