Entre la responsabilidad y la culpa

Carlos Hernández
Columnista de UNO

Otra vez la tragedia colectiva enluta a los argentinos. Queda en la conciencia general, junto con el dolor, la sensación de que se trata de esos sucesos que podrían evitarse. No son de esas catástrofes generadas por la naturaleza ni propias del destino fatal. Son situaciones previsibles para cualquiera que preste atención al estado deplorable en que ha brindado ese servicio desde hace años. Están los testimonios unánimes de los castigados pasajeros que lo vienen remarcando desde hace tiempo, no sólo después de la tragedia ferroviaria.

Las explicaciones post mórtem no sirven de alivio, pero, al menos, permitirían revertir las causas para evitar más muertes y asignar las responsabilidades tendientes a que el caso no quede impune.

No hablamos de linchar al maquinista y no alcanza con ajusticiar a los concesionarios que, por lo que ha salido a la luz, desviaban la plata que les ponía el gobierno a negocios financieros en lugar de invertir en el servicio. Hasta Hebe de Bonafini se enardeció públicamente con el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, al no poder digerir sus declaraciones, dando cuenta de que en las filas kirchneristas hay fisuras por el desmanejo en ciertas áreas.

Por décadas en nuestro país –y en otros de la región– prendió la prédica del denominado pensamiento único que profesaba un Estado desertor, en aras de la eficiencia privatista y la modernización. Después de los fracasos, los discursos cambiaron y comenzó a revalorizarse la participación estatal, imprescindible en determinados sectores.

En el caso del transporte existen experiencias disímiles en distintos países, independientemente del tipo de explotación. Lo importante e irremplazable es el rol del Estado en la tarea de contralor.

Las empresas privadas se empeñan en maximizar sus ganancias y, si se trata de buenos empresarios, en cumplir los contratos con responsabilidad. El gobierno tiene la obligación de planificar, de controlar y exigir un servicio acorde a la rentabilidad del sistema. Es el poder concedente, y a quien le asiste el derecho y deber de velar por la calidad que debe satisfacer al usuario. Por eso, son las autoridades las que deben dar respuestas convincentes.

En el caso del Sarmiento entrarán a tallar la Justicia y otros organismos que probablemente concluyan con la rescisión de la concesión de los empresarios que prosperaron los últimos tiempos a costa de la mala praxis. Pero el problema va más allá: cómo cumplen los funcionarios cada uno en su ámbito para desmontar las crónicas de las muertes anunciadas.

Es más, la expectativa no se remite solamente a evitar los siniestros, los ocupantes de los espacios de poder deben velar por mejorar los servicios a los ciudadanos. La mentada distribución de la riqueza pasa también por servicios de calidad para todos, por dignificar la vida cotidiana de los habitantes, sobre todo de aquellos que no tienen más alternativa que gozar o sufrir lo que es capaz de ofrecer el Estado.

La propaganda oficial hace hincapié en mejoras sociales, de la mano del crecimiento y de políticas activas. Está bien, pero al mismo tiempo es ostensible la falta de avances en áreas como la salud, vivienda y en asuntos como el que nos ocupa en estas líneas. Los subsidios al transporte han sido la política dominante para el sector como si fueran la garantía de una prestación razonable. Ya es tiempo de poner la lupa en el manejo de los fondos y de aplicar “sintonía fina” en un servicio eficaz para satisfacción de los pasajeros sin opción.

En estos tiempos de redes sociales, Twitter suele ser un téster idóneo del clima social, al menos de un sector de la sociedad que se expresa en textos de ciento cuarenta caracteres. Entre lo más mencionado se disputan los que se enrolan en “Yo estoy con Cristina” y “Cacerolazo, fuera CFK”. Son posiciones encontradas, aunque es comprensible que se vaya generando un clamor para que se pronuncie la Presidenta, ante los desatinos de Schiavi y de lo insuficiente que resulta el anuncio del ministro De Vido de que van a querellar a los empresarios.

La magnitud del desastre amerita la intervención de la máxima autoridad gubernamental porque, además de la declaración de duelo, serían pertinentes sus condolencias sin intermediarios, más aún viniendo de alguien que conoce el dolor de la pérdida. Y, lo que no es menor, Cristina encarna la máxima responsabilidad en la gestión del Estado, que es evidente, ha mostrado sus falencias. Por encima de los costos que le toque asumir, lo trascendente son las decisiones que debe adoptar para dar un paso adelante en la calidad de vida de los argentinos.