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domingo 20 de agosto de 2017

Periodismo políticamente correcto

Esta nueva autocensura implica que cualquier consideración sobre el Gobierno debe tener su contrapartida con la gestión K y viceversa

Una parte del análisis periodístico de la realidad argentina parece ser víctima de una suerte de nueva autocensura: el de ser políticamente correcto. Cualquier consideración que se vaya a hacer del Gobierno nacional actual debe lucir como mensurable desde la inmediata comparación con la gestión que terminó el 10 de diciembre de 2015.

Una de las más lúcidas colegas con las que suelo compartir mesa de programa y de café me dijo esta semana. "Si le pegás a Mauricio con una opinión tenés que pensar enseguida mientras improvisás que te van a acusar de K. Y ahí nomás metés una frase de castigo al gobierno de Cristina. No vaya a ser cosa", se rió usando el remate que dice utilizaba su mamá para expresar un "por las dudas".

Tres ejemplos de estos días abonan esta hipótesis –es apenas una hipótesis a manos alzada– que afectaría (nótese el potencial sostenido) a los que no se han sumado directamente a la militancia de ideas abandonando el oficio de periodistas. Para estos últimos, la duda o el recurso de la compensación de críticas no funciona, está claro. A ellos, la apología o la diatriba les es sencilla. Con los nuestros, todo. Para los otros, nada. Y esto vale tanto para los fanáticos de otrora y los de ahora. Que los hay, cómo no.

Los ejemplos serían: Milagro Sala, Santiago Maldonado y el recuento de votos de las primarias. El juez salteño Pullén LLermanos acaba de confirmar que concederá la prisión domiciliaria a la líder de la Tupac Amaru en concordancia con su colega Mercau. ¿Por qué le dan prisión en su casa a Sala? Lo explica el primero de los magistrados citados en su resolución: "Resuelvo no hace lugar a la figura de prisión domiciliaria, disponiendo el mantenimiento de la preventiva en iguales condiciones pero ordenando un mero cambio de lugar físico". ¿Cuesta entender lo que se lee? Menos mal. Porque es muy confuso: lo que expresa es que no otorga la prisión domiciliaria pero sí la otorga. No cambia el nombre pero sí el lugar de detención. ¿Por qué este destrabalenguas jurídico? Otra vez es el mismo juez Pullén LLermanos es el que habla invocando a la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) que dictaminó que la prisión en la que está Sala (y cientos de presos en Jujuy) no le garantiza la seguridad física a ella (y por carácter transitivo a aquellos cientos por los que la CIDH no dijo nada).

Dice además el juez: "Si bien la recomendación de la CIDH no es de obligatorio cumplimiento, para fallar en el sentido indicado se hizo eco del supuesto riesgo de vida de Sala que para la comisión existiría en las condiciones actuales de alojamiento". ¿Era obligatorio hacerlo de esta forma? No, dice el juez. ¿Hay peligro en la vida de Milagro Sala? "Supuesto".

Ya hemos explicado en esta misma columna (allí remitimos) los fundamentos de los fallos y las 8 investigaciones que judicialmente pesan sobre la dirigente indígena. Sala fue detenida por dos sentencias de prisión preventiva que han sido muy discutidas. En el estado de derecho y en la república argentina, esa discusión se da en los tribunales y con las instancias recursivas que ya pusieron esa misma causa a sentencia en la Corte Suprema de la Nación. En ese mismo estado de derecho, el imputado pasa el proceso penal en libertad o en prisión común. La detención domiciliaria está sólo reservada a cuestiones de edad (más de 70 años) y problemas de salud que hacen imposible su tratamiento en reclusión. Sala no los padece ya que ella misma omitió invocarlos en sus causas. La recomendación de la CIDH, tiene dicho esta misma corte en el caso Fontevecchia de febrero pasado, no es vinculante ni mucho menos obliga a los jueces Mercau o Pullen Llermanos.

Eso lleva a cualquier periodista que tenga ganas de informarse de los hechos sin el prejuicio Macri/Cristina a contar las circunstancias del caso y, en lo personal, a concluir que dejar en prisión domiciliaria a Milagro Sala es un mamarracho jurídico: o está libre con la garantía de la inocencia hasta la sentencia firme o detenida por riesgo procesal. Lo otro, es un emplasto político que atropella el sentido común y jurídico.

Decir esto es ser macrista, favorecedor de la detención domiciliaria de criminales de lesa humanidad y derechista reaccionario. Muchos, entonces, adosan a este análisis el recuerdo de los Panamá Papers o de la expropiación del Correo Argentina. La corrección política como criterio periodístico.

El otro ejemplo es el de Santiago Maldonado. Activista de la causa mapuche, lleva ya dos largas semanas sin aparecer luego de un procedimiento de la Gendarmería nacional. Su ausencia de paradero es muy grave. Gravísima. La falta de explicaciones serias de las autoridades que lo buscan, sobre todo el juez actuante Guido Otranto, sacude el fantasma de que nadie puede dar cuenta de la presencia física de un ciudadano. Decir esto así, gracias al prejuicio de la hipótesis, supone estar a favor del kirchnerismo que tomó como bandera la búsqueda. Entonces, dice la colega sagaz con la conversamos del tema, hay que traer a Jorge Julio López, testigo en la causa Etchecolaz, desaparecido desde hace casi 11 años en plena gestión K. La bendita corrección política.

Por fin, llegamos al recuento de votos del domingo pasado en las PASO. El episodio de mayor resonancia fue el de la provincia de Buenos Aires y, casi a la par, el de Santa Fe. Todo indica que Cristina Kirchner podría haber obtenido un punto porcentual de votos por sobre el acumulado por Esteban Bullrich. La propia gobernadora María Eugenia Vidal dio ese guarismo. El Presidente encabezó en la noche electoral el festejo con los suyos en el que, implícitamente, saludó el supuesto triunfo en ese distrito y en otros. La sutileza dialéctica de decir ahora que nunca se usó el término "ganamos" es de una contradicción con los gestos que a un niño de 4 años le causaría risa. Fue una imprudencia política que el jefe de Estado festejara sin números definitivos. Fue lento y paleozoico el recuento. Como lo fue hace dos, cuatro y ocho años en la era K. Ahora bien: ¿hay que compararlo todo el tiempo para no pecar de favorecedor del otro torpe de signo contrario?

La corrección política en materia periodística es demoledora. Del sentido común y de la libertad de opinar sin más herramienta que el fundamento riguroso y el análisis documentado. La prisión domiciliaria de Milagro Sala es un mamarracho jurídico. Está detenida porque se le achaca poder fugarse de la Justicia y por haber entorpecido el trabajo de ella con imputaciones concretas. ¿No son válidas? Lo debe remediar el sistema judicial que nos hace a ella y a todos iguales ante la ley. La desaparición de Santiago Maldonado es muy grave y quien ejerce el poder hoy día debe dar cuentas de lo que ha ocurrido. El escrutinio provisorio y las celebraciones sin su conclusión son criticables en los comicios de 2017. Creer que a cada uno de estos análisis hay que contraponerle otra cosa que no sean otros argumentos en serio, es menospreciar la inteligencia nuestra y, sobre todo, debilitar un sistema de pensamiento institucional que se basa en saber que los obsecuentes de hoy serán los seguros traidores del mañana.
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