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domingo 21 de agosto de 2016

Perdidos por las tarifas

El fallo de la Corte nacional que posterga el tarifazo impacta en forma negativa sobre los ejes centrales del programa económico

Buena parte de la agenda del Gobierno de Macri sigue siendo la agenda de la crisis del 2001. El país está todavía, tal vez no del todo consciente, en esa hecatombre. El default, que se acaba de resolver con el pago a los holdouts, es una herencia de esa crisis; lo mismo que el replanteo de las retenciones al campo. El problema de la tarifas energéticas proviene, también, de aquel desbarajuste económico y social del 2001.

Por entonces se destruyeron todos los contratos y quedaron paralizadas las tarifas. El precio de la energía no se modificó a pesar de las sucesivas devaluaciones, sobre todo la del 2001, que fue del 300% y de la gran escalada inflacionaria que sufrió la economía argentina en estos años.
En materia de agenda de crisis, está a la vista que el kirchnerismo dejó casi todo por hacer, a pesar de haber estado 12 años en el poder. Pero en el caso de la energía está clarísimo que jamás los Kirchner quisieron meterse con este problema, básicamente por una restricción demagógica de no querer darle una mala noticia a una sociedad que venía escaldada.

La historia de la política exterior del gobierno K se explica casi exclusivamente por las necesidades energéticas que el gobierno planteaba. Empezó con un conflicto con Chile, al que Argentina le suspendió las exportaciones de gas. Continuó con una dependencia cada vez más aguda que pasó del orden práctico de necesitar el fuel oil que venía desde Venezuela al orden ideológico, y si uno mira cuál fue el objetivo último del acuerdo con Irán, cabe pensar también que se debió a la necesidad de resolver una ecuación energética cada vez más complicada.

El kirchnerismo dejó un desbarajuste especialmente económico por su desbaratada política energética. De hecho, si uno mira con detenimiento esa política tan demagógica que consistió en regalarnos la energía, el déficit fiscal se explica en buena medida por el volumen de los subsidios que se acumularon. Hoy lo que no pagamos por tarifa lo estamos pagando por inflación y también en impuestos.

Está claro que el gobierno de Mauricio Macri cometió una cantidad de errores en la resolución de este problema. Errores marginales respecto de la dimensión del asunto: falta de previsión y de tacto político hasta mala y/o falta de comunicación. Es un Gobierno con mucho componente tecnocrático, que a veces piensa que cuando la gestión es correcta y las medidas son las que hay que tomar se explican por sí mismas. Error.

Inversiones y metas, duda
El fallo de la Corte ante el aumento de tarifas es una piedra para el programa económico y frena los planes de crecimiento del Gobierno. La sentencia representa una derrota política para Macri y afecta sus planes para atraer las demoradas inversiones y para reducir el de por sí elevado y persistente déficit fiscal.

El director de la consultora Abeceb, Dante Sica, aseguró ayer, en Rumbo económico de radio Nihuil, que "el fallo de la Corte le reconoce su jurisdicción al gobierno pero le advierte que se salteó un paso". Y afirmó que lo importante del fallo es su incidencia en un programa económico que "está muy justo, que no tiene mucho margen de maniobra y en el que cualquier error, genera costo fiscal".

La decisión del máximo tribunal "le pone más presión al programa económico que el gobierno está liderando. A corto plazo implica un nuevo desafío fiscal, pero lo sustancial es que genera ruido en la direccionalidad de las medidas y en el proceso de búsqueda de inversiones que necesita la economía para crecer".

Si bien se esperaba que la Corte obligara al gobierno a realizar audiencias públicas, lo cierto es que "la medida constituye un revés político para el gobierno con impacto negativo sobre tres ejes centrales del programa económico: la baja del déficit fiscal vía reducción de subsidios, el estímulo a la inversión y la normalización de la política energética para generar oportunidades para un sector con elevada potencialidad", subrayó el economista.

Pese a que las encuestas coinciden en que entre los ciudadanos reina el consenso de que la electricidad, el gas y el agua de red deben costar más que hasta 2015, el monto del incremento y la falta de convocatoria de audiencias públicas provocaron una polémica que continuará. Antes del fallo de la Corte el Ejecutivo confiaba en que podía relajar el ajuste fiscal con miras a los comicios de 2017 porque consideraba que la mayor parte del esfuerzo de ordenar algo las cuentas públicas corría por cuenta del tarifazo. Ahora ya no puede relajarse tanto. El Gobierno entró en un callejón complicado y lo que está en juego es el diseño del esquema energético que sostendrá la economía argentina en los próximos años.
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