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domingo 16 de octubre de 2016

La prioridad: reducir el déficit y activar la Justicia

Fin de año intenso. Con Valerio a la Corte y la ley de responsabilidad fiscal, Cornejo impulsa algunas de sus ideas fundamentales

El Gobierno provincial llega al tramo final del año con una agenda cargada, muy en línea con sus postulados esenciales.

Muy en línea con algunas ideas centrales de Alfredo Cornejo, que pregonó desde la mismísima hora cero de su tarea como gobernador.

Una de ellas es desperezar la Justicia para que se ponga al servicio de la comunidad. Para que sea sensible al reclamo, casi unánime, de la ciudadana en pos de mayor seguridad y menos delincuencia en las calles.

La otra es desmontar la paquidérmica e ineficiente maquinaria del Estado mendocino. Voraz máquina alimentada con impuestos y que devuelve deplorables prestaciones.

Ambas intenciones las ha estado pregonando, grosso modo, la mayoría de los últimos gobernadores que nos han tocado en suerte. Con los resultados a la vista.

El empeño de Cornejo es terminar con el "verso" y transformar ese programa en realidad tangible.
Y lo hace en un tiempo complicado. Sin el viento de cola que tuvieron, no hace mucho, Cobos y Jaque.

"Muchachos, detengan"
El empeño por sacar de su posición de comodidad y abulia a jueces y fiscales es permanente por parte del Gobierno, como consta en esta misma sección.

El nombramiento de un nuevo procurador como Alejandro Gullé no es un tema menor. Más cuando el ciudadano común está sometido a una realidad cada vez más violenta y la "puerta giratoria" sigue funcionando aceitadamente.

Un ejemplo, entre tantos, de maniobra: ciertos fiscales, para reducir la figura penal y poder otorgarle la libertad al delincuente que actúa con un arma, no mandan a efectuar el informe de aptitud para el disparo. En consecuencia, como no está probado que el arma funcione, aplican la reducción de "arma no apta" y bajan el tipo penal.

Hoy los fiscales peregrinan en caravana por la Procuración. "Muchachos, detengan", les dicen. "Cumplan la ley de preventiva".

No es fácil mover el elefante.

Pero es una de las batallas del momento.

Un supremo "cortafuegos"
La vacante que dejó Herman Salvini en la Suprema Corte provincial abre otra veta de esperanza.
El Gobierno eligió, para remplazarlo, a un candidato encuadrado dentro de la estricta lógica que viene pregonando: José Valerio, un penalista y constitucionalista muy respetado en el ambiente que, de paso, como señaló el periodista especializado Alejandro Gamero, apunta a hacer las veces de "cortafuegos" de otro supremo, Omar Palermo, cuyo dominio en materia penal ha sido absoluto y determinante dentro de la Corte.

El propio Ejecutivo, vía Twitter, ratificó la teoría del cortafuegos esbozada por Gamero. En la cuenta oficial Gobernador A.Cornejo señaló: "Elijo a José Valerio porque sigue la doctrina que quiere la mayoría de los mendocinos: que los delincuentes esperen sentencia en la cárcel".
Y añadió: "La Justicia tiene que funcionar en el sentido de lo que pide la sociedad, no de que pide el Gobernador (sic), la sociedad reclama seguridad".

Poco antes, la vicegobernador Laura Montero había aventurado su propia candidata, apostando por el cupo femenino: la jueza Gabriela Ábalos.

La movida, sin producir una crisis interna, molestó en el Gobierno porque Montero, dicen, "se cortó sola" y de manera inconsulta. "Algo habitual en ella".

No hay objeciones profesionales sobre Ábalos, pero las necesidades, de orden técnico y político, son otras, como queda a la vista.

Menos gasto y más eficiencia
En cuanto al manejo de la cosa pública, el Ejecutivo local se enfrenta a un asunto que lo fascina y que lo tiene firmemente empeñado.

Se trata de darle un tamaño y un funcionamiento racionales, sustentables, al Estado.

Pero no es solo un berretín individual. Se trata de una dirección que está tomando el país.

Mañana se reunirá el Comité Federal de Responsabilidad Fiscal y si todo marcha según se han comprometido los gobernadores, habrá un horizonte más exigente para todos.

Hay tres líneas maestras, aplicables a la Nación y a las provincias, que podrían quedar plasmadas en la Ley de Presupuesto: 1) bajar el déficit, 2) ser más eficientes en la gestión, como consecuencia de lo anterior y 3) una baja paulatina de impuestos, para contribuir a la reactivación de la economía.

El tema es crucial porque impediría a cada Estado provincial aumentar los gastos corrientes si no aumenta, en igual proporción, el producto bruto nominal.

Y habrá una obligación, a su vez, de reducir el último déficit 10%.

Un camino de hierro que deberán transitar, sí o sí, también los municipios, algunos de los cuales están en delicadísima situación financiera.

Martín Kerchner, ministro de Hacienda local, preside a su vez como secretario el Comité de Responsabilidad Fiscal y su muñeca ha sido clave para facilitar las deliberaciones ante alguna reticencia inicial de las administraciones peronistas.

O sea que Mendoza será bandera en este proceso, que podría culminar en 2018 con un ley específica que fije las estrictas reglas de juego.

Quedan avisados.
Sobre todo los intendentes.
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