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domingo 18 de junio de 2017

La ola de juicios laborales perjudica a todos

Contra lo que se cree, el alto nivel de litigiosidad a quien menos beneficia es al trabajador, ya que desalienta la creación de empleos

Uno de los problemas que atraviesan las pymes es el incremento de los juicios laborales, con numerosas consecuencias negativas, como pérdidas en competitividad y ausentismos, entre las más notorias.

Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la cámara que nuclea a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, se estima que en 2017 los juicios se incrementarán en 16% respecto del año anterior, lo que significa que se generan 11.000 demandas de trabajadores nuevas por mes.

Es necesario que se entienda que la generación de empleos de calidad, junto a la reducción de los niveles de informalidad y de litigiosidad, deberán empezar por la búsqueda de un amplio consenso en torno de una política que flexibilice las condiciones de contratación, acompañada de una fuerte disminución de los impuestos al trabajo.

Según expertos...
Especialistas en temas laborales coinciden en que la judicialidad es una amenaza para el desarrollo, la competitividad, la productividad y hasta la continuidad de las empresas.

Los costos laborales se disparan por la suba del precio de la cobertura y la necesidad de reemplazar puestos caídos.

Lo peor es que genera un efecto contagio entre los empleados a reclamar sin justificación alguna, basados en el falso asesoramiento de que un juicio a una ART no afecta a la empresa en la que trabajan.

Es común ver peritajes judiciales que fijan valores de incapacidad muy por encima de los establecidos por la ley y sin considerar la relación de una patología denunciada con los agentes de riesgos a los que pueda estar expuesto un trabajador en su establecimiento laboral.

Pese a lo que habitualmente se cree, a quien menos beneficia el elevado nivel de litigiosidad es al propio trabajador, porque desalienta la creación de empleos.

Mientras que las empresas grandes y multinacionales están acostumbradas al asesoramiento legal preventivo en materia laboral, muchas pymes todavía navegan en el desconocimiento de las leyes y se encuentran con juicios que superan sus ingresos, por lo que temen tomar más gente. No todo es tener al trabajador registrado; las leyes van mucho más allá.

La denuncia de Macri
Con tribunales saturados y juicios que tardan unos 5 años, los pleitos fueron creciendo año tras año.
Por eso, la denuncia pública del presidente Macri acerca de la existencia de una "mafia de los juicios laborales", que destruye la generación de empleo futuro, y de un grupo de estudios jurídicos laboralistas y de jueces de este fuero que le han hecho "mucho daño a la Argentina" no puede sorprendernos.

Desde hace muchos años, prospera lamentablemente una vil industria del juicio laboral, amparada en una legislación pretendidamente proteccionista pero inconveniente para el desarrollo de inversiones productivas, en jueces que fallan sin considerar las desastrosas consecuencias de muchas de sus sentencias sobre el propio mercado de trabajo y en abogados inescrupulosos.

Con mucha razón, el presidente de la Nación sostuvo que este nivel de conflictividad judicial y muchas sentencias están perjudicando la creación de puestos de trabajo.

Por cada trabajador que es convencido de hacer un juicio indebido que, después de varios años le reporta una indemnización desmedida y jugosos honorarios a sus abogados, hay varios trabajadores que quedan en la calle porque la pequeña empresa condenada se ve obligada a cerrar.
Es claro que la inversión productiva y la creación de nuevos emprendimientos implica tomar riesgos y que la seguridad jurídica de una Nación es uno de los principales factores considerados a la hora de tomar tales decisiones.

La imprevisibilidad derivada de la existencia de la mencionada industria del juicio, sumada a los elevados costos laborales, mueven a cualquier empresario a pensar muchas veces antes de generar un nuevo puesto de trabajo.
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