A Fondo A Fondo
domingo 27 de noviembre de 2016

La "Garota de Jurere", el lado oscuro de la Justicia

Pelea de fondo. Tres fallos "garantistas" (sobre Salgado, Sidoti y La Yaqui) multiplican el disgusto de Cornejo con los jueces locales

Ganó Trump, Le Pen marcha adelante en los sondeos y murió Fidel. Es el fin de una era. El mundo rota. Cambia velozmente, rompiendo la barrera del sonido.

Eso, allá, en el mundo. ¿Y por acá cómo está la cosa?

A los tumbos, según se observa a simple vista. Con alguna novedad tajante, como el hecho de tener un gobierno nacional de signo inédito.

Y otras antiguallas enquistadas, que se niegan a desaparecer.

Es el caso de la vieja política. Del caudillismo de tierra adentro. Cuyo máximo representante en estos días es Gildo Insfrán, gobernador de Formosa desde 1995, que podrá ufanarse de haber fulminado, junto con sus "compañeros", la reforma política en el Congreso.

Un papelón iluminador
En la provincia también se libra la sorda batalla entre las sobadas mañas del pasado y los intentos, tantas veces vanos, por desterrarlas.

El gobernador Alfredo Cornejo es uno de los políticos nacionales que entendieron la amenaza que significa el "efecto Trump" sobre todos ellos.

Una amenaza sustentada en el comprensible hartazgo de la gente con aquellos que manejan, a su antojo y en su beneficio, la cosa pública.

En esa línea, una de las batallas más enconadas que libra Cornejo –y que más lo motivan– apunta al desempeño de la Justicia, una familia muy cerrada sobre sí misma.

Por fortuna para la sociedad civil, cada tanto la impunidad o la estupidez abren alguna puerta que facilita la entrada de un estilete en esa armadura herméticamente cerrada.

Esta vez lo hizo Anabel Orozco, la fiscal que adquirió rápida notoriedad nacional por fotografiarse a las risas en una playa brasileña mientras en su trabajo gozaba de una licencia por enfermedad.

La "Garota de Jurere"
Si algo no tiene Orozco es vergüenza. No sólo colgó livianamente sus instantáneas en Facebook –una péndex– , solazándose en Jurere, un balneario top de Florianópolis, sino que tras estallar el escándalo siguió, lo más campante, rumbo a San Luis, para jugar al bridge.

Orozco, a fin de cuentas, resulta un dato marginal. La pregunta de base es: ¿cuántos Orozcos existen en el Estado? ¿Cuántos andan acovachados por ahí, vacacionando con dinero nuestro, y no lo sabemos sólo porque tienen la mínima astucia de no autoincriminarse en las redes?

"En la Justicia, la mayoría lo hace", dicen, con bronca, en el Gobierno. "Desde los miembros de la Corte para abajo. Se la pasan de viaje. Es una joda. Y nadie lo controla".

Y otra pregunta de cajón, que se desprende de la anterior: ¿cuántos médicos, como el traumatólogo Jorge Leiva, que le extendió los certificados a Orozco, son afectos a la misma práctica en el Estado?
El número puede que dé miedo.

Y exige, indubitable, la implementación en cada segmento de algo parecido al ítem aula.

La Justicia abroquelada
El asunto de Orozco no fue lo que más encolerizó al Gobierno, sino otros tres que profundizan una temática de fondo: la de la Justicia garantista y corporativa, que falla en favor del delincuente y de sí misma.

El primer caso fue el fallo de la Corte que liberó al ex intendente santarrosino Sergio Salgado a escasos días de la primaria departamental.

En el Ejecutivo lo consideran una intromisión de alto contenido político, inadmisible, que persigue, según ellos, algún tipo de alianza con el peronismo a modo de protección.

El segundo fue la dilación del jury al fiscal Fabricio Sidoti por su mal desempeño en el procedimiento que terminó en el feminicidio de Ayelén Arroyo. También aquí el PJ fue parte de la movida y la senadora Patricia Fadel, una voz cantante.

El tercer caso fue la liberación, dispuesta por la Séptima Cámara, de dos sobrinos de La Yaqui Vargas, acusados de sendos asesinatos en 2012 y 2014 en Godo Cruz.

Toda una seguidilla "garantista", de trasfondo político, de acuerdo con la visión del Gobierno, y en la cual el sospechoso de siempre es el supremo Omar Palermo.

Palermo, para más datos, lideró el fallo liberador de Salgado y su esposa, Claudia Viviana Vallejos, participó en el de la Séptima Cámara.

El Ejecutivo no se queda de brazos cruzados, mientras tanto. A través de su ministro de Seguridad, Gianni Venier, promueve un proyecto para modernizar el régimen carcelario.

Establece la obligación de trabajar a los internos y de indemnizar a la víctima con esa tarea.
La víctima, está claro, se pone en el centro de la escena, como pretende también el Gobierno nacional. Por ello se le concede la posibilidad de participar en las decisiones judiciales que involucren la libertad del preso, manifestándose en la audiencia ante el juez.

En resumen, el Gobierno libra con la Justicia una pelea de base.

Muy brava. Porque esta última, cuando se siente amenazada, se cierra, cual molusco, bajo su concha calcárea. Inaccesible. Impenetrable.

A Cornejo le quedan dos caminos: usar los buenos modos, educados, de la política, que no le sirvieron de nada a Paco Pérez.

O echar luz sobre los oscuros laberintos donde se mueve el Poder Judicial. Y avanzar, espada en mano, arropado por la opinión pública.

Tiene con qué. Según Management & Fit, 77% de la gente confía poco y nada en el Poder Judicial.
Los jueces, como viene la mano, no deberían hacerse los zonzos.
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